El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE) formalizaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer el acceso a la educación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.   El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para garantizar que quienes eran menores de edad al momento de cometer un hecho delictivo -y se encuentren imputados, acusados o hayan sido declarados penalmente responsables- puedan continuar o retomar su trayectoria educativa, acceder a instancias de capacitación laboral y recibir formación profesional.   La iniciativa parte del reconocimiento del derecho a la educación como una herramienta fundamental para promover procesos de inclusión social y generar mayores oportunidades de desarrollo personal una vez que estos jóvenes atraviesan el proceso judicial.       El convenio fue suscripto por el presidente del máximo tribunal provincial, Germán Carlomagno, y el presidente del CGE, Carlos Cuenca. También participaron el director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, y el coordinador departamental Paraná de esa modalidad, Rodolfo Martín Álvarez.   Del acto participaron además el vicepresidente del Superior Tribunal, Carlos Federico Tepsich; las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage; y el juez en lo Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto.   Educación como herramienta de inclusión     El convenio prevé que ambas instituciones desarrollen acciones coordinadas para facilitar el ingreso, la permanencia y el egreso de estos adolescentes y jóvenes del sistema educativo, procurando que puedan completar la educación obligatoria y acceder a propuestas de capacitación laboral y formación profesional.   Además, contempla la realización de instancias de capacitación permanente para equipos técnicos, supervisores y directivos de las instituciones educativas involucradas, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre el sistema educativo y el Poder Judicial.   Según el texto del acuerdo, ambas partes buscarán aprovechar de manera coordinada los recursos humanos, la infraestructura y el equipamiento disponible para implementar las distintas propuestas educativas.   Próximos pasos     El convenio firmado constituye un marco general de cooperación.   Las acciones concretas que se desarrollen a partir de ahora deberán definirse mediante acuerdos específicos, en los que se establecerán los programas a implementar, los objetivos, los plazos y la modalidad de ejecución de cada iniciativa.   Asimismo, el Superior Tribunal de Justicia y la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE serán los organismos encargados de coordinar, supervisar y acompañar la puesta en marcha de las actividades previstas.   El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente, salvo que alguna de las partes manifieste expresamente su decisión de rescindirlo.