Ante el Consejo Federal, el gobierno provincial oficializó la presentación de una propuesta que contiene una serie de requerimientos a sumar al nuevo contrato de concesión de la Hidrovía Paraná - Paraguay, que vence el próximo 31 de abril.   Los avances en la nueva concesión de la Hidrovía del Paraná     Uno de los aspectos que suscitó un mayor debate a nivel nacional con la convocatoria a licitación pública para su dragado, mantenimiento y señalización, “es el hecho de que el polo logístico de Rosario está constituido básicamente por puertos de naturaleza o carácter privado, lo cual condiciona el comercio exterior argentino”, según el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes.   Así, Entre Ríos ofrecería la posibilidad de “democratizar” el uso de la hidrovía, a partir de sus puertos públicos: “Allí podrán alojarse y operar cargadores, industriales, operadores del sistema públicos y privados, grandes, medianos y pequeños y, fundamentalmente, de origen nacional, porque Entre Ríos mantiene cuatro puertos dentro de su dominio público: el de La Paz, el de Diamante, el de Concepción del Uruguay y el de Ibicuy”.   Este último, apuntó el funcionario, “es de aguas profundas y permite el acceso tanto por el río Paraná Ibicuy, Paraná Guazú como eventualmente haciendo determinadas obras por el Paraná de las Palmas, siendo un puerto al cual podrían acceder fácilmente las cargas del norte de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de toda la Mesopotamia argentina, como así también de Chaco, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, tanto del noreste como del noroeste argentino”.   Los requerimientos de Entre Ríos     Concretamente, las condiciones a incorporar en la próxima contratación de dragado y mantenimiento de la Hidrovía Paraná - Paraguay, son las siguientes:   1) Consideramos que la profundidad del Canal de Navegación Troncal debe realizarse a 40 pies de profundidad hasta la altura del KM 533 de la Ruta General de Navegación, es decir, hasta el Puerto de Diamante. No hay ninguna razón que justifique dragar a 40 pies solo hasta el Puerto General San Martín, por el contrario el puerto de Diamante está en condiciones de operar con cargas de la región y además se da la característica de que en esa ciudad conviven un puerto público y un puerto privado, de manera que es perfectamente lógica esta propuesta.   2) El concesionario debe garantizar el dragado y mantenimiento de los canales de acceso a los puertos públicos de Entre Ríos. Entendemos que si la provincia mantiene cuatro puertos públicos para el uso de cualquier usuario, y si las obras de dragado se realizarán sobre el lecho de los ríos pertenecientes al dominio originario de las provincias, justo es obtener como contraprestación el dragado y mantenimiento de sus accesos.   3) El Puerto de Ibicuy, ubicado a la altura del KM 217 del río Paraná, sobre el río Ibicuy, debe quedar integrado al sistema de navegación troncal a través de los ríos Paraná Ibicuy, Paraná Guazú, Talavera y la posibilidad técnica de conexión con el Paraná de las Palmas. Además, debe quedar claro en el pliego que el acceso al Puerto Ibicuy debe realizarse a través del río Paraná Guazú y conexión con el canal Martín García.   4) Deben garantizarse los aspectos ambientales del proyecto, incluyendo un tratamiento especial para la operación con combustibles líquidos y gaseosos y minerales, a lo largo de toda la hidrovía.   5) Debe otorgarse participación a las provincias en el sistema de control del contrato de obra pública a celebrarse, dados los intereses provinciales involucrados. De conformarse la región hidrovía, esta entidad podría ser la que viabilice las tareas de control, de lo contrario debería constituirse un ente descentralizado de carácter público o bien una sociedad anónima con participación de las provincias del Estado nacional y del sector privado para efectuar el control aludido.   Carácter participativo     El 31 de abril vence el contrato vigente, por lo que el Estado nacional deberá adoptar las acciones necesarias mientras dure el nuevo proceso licitatorio, que permitirá concesionar la obra de dragado en las condiciones que el Consejo Federal de Hidrovía lo establezca.   “Como Entre Ríos es parte de la hidrovía, no es una invitada, es la dueña de los puertos públicos, y el río Paraná y el lecho forman parte de su dominio, nosotros sostenemos que el carácter participativo de la provincia tiene que ser vinculante”, sentenció el fiscal de Estado de la provincia.   En sintonía con ese posicionamiento, “la Nación Argentina tiene que tomar estas propuestas de Entre Ríos e incorporarlas”, entendió Rodríguez Signes.
