Antes de que la denuncia se presente en sede judicial, los concejales Mariela Espinosa, Javier Leguizamón, y María Basso solicitaron una serie de pedidos de informes al intendente. En un principio, sus dudas no fueron evacuadas; y luego, según narraron, tuvieron respuesta, "pero con evasivas, referencias inexactas e incompletas que, en el fondo, escondían más de lo que informaban. En otras palabras, la tardía, incompleta y confusa respuesta oficial, tergiversaba los verdaderos hechos y circunstancias, encubriendo a través de recursos de paupérrima factura intelectual, las responsabilidades propias inobservadas y las normas vigentes alevemente violentadas", cuestionaron.
Uno de los requerimientos fue presentado el 4 de mayo pasado, solicitando copia de un decreto por el cual se ampliaba el presupuesto por la suma de 12.593.863,44 pesos. Casualidad o no, era exactamente la cifra que se adeudaba a la empresa OIC SA por la obra en la trama vial de la ciudad, iniciada el año anterior.
Según los concejales denunciantes, la obra se inscribía en el plan "Más cerca de Seguí", (Expediente Número 307618) y que previó un desembolso en favor de la empresa OIC SA de 8.050.173,37 pesos en el año 2015 y de 12.593.863,44 pesos en 2016; lo que hace un total de 20.644.036,81 pesos. Esta última cifra es lo que habría costado la obra completa.
Un caso espejo
Entonces, apareció en escena el ingeniero Martín Cergneaux, el mismo profesional sobre cuya pericia se fundamentó la acusación y posterior procesamiento que solicitaron los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para Cristina Fernández de Kirchner, José López, Julio De Vido y Lázaro Báez, por sobreprecios en la obra pública.
Según la pericia de este reconocido ingeniero en el ámbito judicial, y que se anexó a la denuncia presentada en los tribunales entrerrianos, el precio real que debió pagarse en Seguí oscilaría entre los 7.450.792,74 pesos y los 11.056.045,82 pesos, tomando en consideración que la obra haya sido realizada con observancia absoluta de las especificaciones técnicas y las cantidades pactadas. "Estaríamos en un rango de plus o sobreprecio de 9.587.991 pesos. Y una diferencia, tomando el menor precio, de 13.193.244,10 pesos", determinó Cergneaux.
El caso que se está investigando en Seguí es similar a un hecho ocurrido en Larroque, departamento Gualeguaychú. Allí, el intendente Darío Benedetti, de Cambiemos, decidió devolver al Ministerio del Interior más de 13 millones de pesos de un presunto sobreprecio que detectó en una obra pública ejecutada por su antecesor, Raúl Riganti, del Frente para la Victoria, y financiada por el Estado Nacional.
El gobierno había girado ese monto a Larroque para terminar pagar la inversión total de 21 millones de pesos que costó la pavimentación de 14 cuadras en el pueblo de 8 mil habitantes. El municipio debía transferir ese monto a la empresa contratada OIC SA, pero el dinero quedó en una cuenta del municipio en el Banco Nación, mientras culminaba la auditoría para analizar los números de la gestión del intendente saliente, Raúl Riganti.
El peritaje arrojó que la obra podría haber costado como máximo 5,4 millones de pesos, lo que determina un sobreprecio de 15,6 millones. Al momento en que se denunció la maniobra, la empresa ya había recibido un pago de 8,6 millones de pesos.
