Los defensores desplegaron todas sus estrategias en procura de revertir la medida que, finalmente, fue confirmada.
“Entendemos que es una disposición innecesaria y dolorosa como medida cautelar”, planteó Rodríguez Allende. “No hay un mínimo argumento objetivo que determine de qué modo Aguilera podría ocultar o falsear pruebas. O de qué manera podría influir a través de cualquier medio a testigos, o personas que tengan algún tipo de relación con esta compleja causa”, planteó.
“Se lo sindica a Aguilera como la cabeza de esta organización. Es una afirmación alocada. No podemos pensar que Aguilera sea la cabeza de esta organización presuntamente criminal”, dijo Rodríguez Allende, y se preguntó por qué no se ha resuelto una medida similar con el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona. “Me llama la atención estas cosas que se van produciendo, unos sí, y otros no. No surge de una afirmación arbitraria de los defensores, sino que tendría la misma función”, agregó.
Cullen volvió a cuestionar el valor probatorio de las declaraciones de testigos, un total de 130, que han declarado en la causa, testimonios a los cuales, dijo, han accedido de forma parcial los defensores.
Resaltó el letrado que “jamás” se ha opuesto Aguilera a las medidas dispuestas por la Fiscalía. “Se lo ha detenido al suegro de Aguilera, acusado de portación de armas, que tenía por su carácter de funcionario policial. Se lo tuvo una noche entera en Alcaidía. Nunca se dijo que se haya entorpecido”, agregó.
“No está fundada la resolución de Barbagelata. Solo responde al mero voluntarismo de la señora jueza”, agregó. “Puede equivocarse la jueza, y en este caso se equivocó, por muchas razones, pero principalmente porque acá se quería la foto de Aguilera tras las rejas”, completó.
Se quejó de la imagen que se pretendió instalar del cuñado de Aguilera en la opinión pública como la de “un monstruo todopoderoso”, y pidió que la prisión preventiva se deje sin efecto y se le otorgue la libertad.
Respecto de Alejandro Almada, sostuvo que “no solo no generó riesgo a la actividad investigativa, sino que además colaboró activamente en la investigación y en la marcha del proceso”. Y apuntó que en la judicatura se está instalando un principio en el que “la prisión preventiva es la regla y no la excepción, vulnerando principios constitucionales”.
Guillermo Vartorelli planteó la libertad de Cardoso. “Venimos a solicitar que se corrija esa deficiencia por esta vía de la apelación y se revoque la prisión preventiva domiciliaria de Cardoso, y se le conceda el estado de libertad del que venía gozando desde el momento de su detención”.
La fiscal Yedro negó que hubiera “persecución ni nada personal contra Aguilera ni contra Almada”. Resaltó el rol clave de Aguilera, que “no tuvo la mala suerte del resto, y permaneció oculto hasta último momento”, y de Almada sostuvo que “se llevaba más del 50% de la recaudación” de la organización que manejaba los contratos truchos de la Legislatura.
“Era tan importante la función de Almada en la organización, que siendo personal del Servicio Administrativo Contable de Diputados, cobraba también cheques del Senado y de Diputados”, aseveró.
De Aguilera, dijo que “está en la cima de la organización o representa a quien está en la cima”, aunque no aclaró más datos al respecto.
El fiscal Ignacio Aramberry mencionó que “la organización estaba preparada para mantener en reserva su actividad”. Agregó un dato más: “estamos investigando adonde fue el dinero, y sospechamos que hubo lavado”. Y respecto de Aguilera, Almada y Cardoso, expresó que “no decimos que sean el último eslabón. Tenían una participación capital, porque recibían lo que recaudaban”.