Pagliotto resultó el que con más enjundia rechazó la acusación hacia sus defendidos, Varisco y Rolandelli. "El Ministerio Público Fiscal ha caído en la delitomanía: ve delitos por todas partes. Y no todo es delito», afirmó. Y rechazó la imputación al actual concejal Walter Rolandelli quien, dijo, «viene a juicio por emitir opinión".
La causa se inició por una denuncia que formuló el ahora exdiputado provincial Gustavo Guzmán (PJ), y la investigación penal preparatoria la realizó la fiscal Patricia Yedro, quien consideró que hubo decisión de “favorecer” económicamente a la mutual cuando el 22 de enero de 2016 pidió al entonces intendente un adelanto financiero de $1,5 millones.
La Mutual Modelo tiene entre sus clientes cautivos a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.
En su acusación, la fiscal destaca las “observaciones” que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Campdesuñé, lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo el 28 de enero. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la justicia.
El contador general de la Municipalidad, Eduardo Javier Campedsuñé; y la exsecretaria de Hacienda, Cristina Ruberto, fueron los primeros dos testigos que declararon en el juicio que se le sigue al exintendente de Paraná, acusado de delitos contra la Administración Pública en la tramitación de un adelanto financiero de $1,5 millones a la Mutual Modelo, que se comenzó en el verano de 2016 pero que finalmente no se concretó.
En la primera jornada, ambos contadores explicaron al Tribunal cómo se inició el trámite del adelanto financiero a cuenta, formulado por la entidad, y dieron cuenta de las discusiones internas que suscitó el trámite. Por un lado, señalaron que existían antecedentes similares de adelantos dados a mutuales durante la gestión de José Carlos Halle, entre 2007 y 2011; y que en 2012 hubo un trámite que no prosperó durante la gestión de Blanca Osuna.
En la causa conocida como Mutual Modelo, Varisco está acusado por el Ministerio Público Fiscal de ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, en tanto que el exsecretario Legal y Técnico y hoy concejal de Juntos por el Cambio, Walter Rolandelli, y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, están involucrados como partícipes primarios.
El juicio se realiza ante el Tribunal compuesto por los jueces Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y María Carolina Castagno. Los tres fueron funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
Por la acusación, estuvieron presentes sus excolegas de armas, la Fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, y la fiscal Patricia Yedro, que llevó adelante la investigación penal preparatoria.
Enfrente estuvieron los abogados Rubén Paglioto y Damián Petenatti, que defienden a Varisco y Rolandelli; y Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces, que representan al empresario Picazzo.
En los alegatos de apertura, Goyeneche sostuvo que según la prueba colectada “la maniobra tuvo como único propósito detraer dinero de las arcas municipales para favorecer a la Mutual Modelo, bajo el eufemismo de anticipo financiero”.
La Procuradora Adjunta planteó que “el crédito –que se pretendió dar a la entidad- no tenía sustento normativo, tampoco causa ni justificativo alguno”. Señaló que el trámite se inició el 22 de enero, con una nota del presidente de la entidad en el que solicitaba el adelanto a cuenta, aduciendo problemas financieros. Luego, indicó que el primer trámite fue anulado y se inició un segundo el 4 de febrero y que tuvo un trámite rapidísimo en la administración.
Asimismo, Goyeneche dijo que en el juicio demostrarán que “la crisis financiera que adujo la entidad no surgía de la documentación obrante” y que demostrarán “el quebranto de deberes institucionales por parte del intendente”. “La maniobra estuvo orientada favorecer a la Mutual Modelo, de poder disponer dineros públicos del ciudadanos, sin ningún tipo de amparo normativo”.
Remarcó que en una primera instancia se acordó que la entidad devuelva el dinero “sin pagar intereses durante 10 meses”, ya que en el convenio firmado para tal fin se estableció una devolución en 10 cuotas mensuales de $150 mil.
Enseguida, resaltó que el pago “no se efectivizó por la intervención de funcionarios administrativos” y que luego se dio trámite a un nuevo expediente en el que se establecieron “tasas de interés alejadas para este tipo de operaciones”.
Marcó luego que el pago no se concretó ya que Varisco decidió anular la resolución ante la denuncia formulada por el entonces diputado Gustavo Guzmán (PJ).
Al finalizar, la representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que en el transcurso del juicio podría variar el delito que se le imputa a los acusados, de negociaciones incompatibles y fraude a la Administración Pública, la figura de peculado.
Esa aclaración le valió un fuerte reproche por parte del abogado Miguel Ángel Cullen, quien planteó que no se corresponde esa figura penal con las que llegaron a juicio y que, por lo tanto, se estaría violando el derecho de defensa.
El abogado Emilio Fouces, señaló: “El señor Varisco tenía facultades para tomar la decisión que tomó, ya que no estaba poniendo en juego los intereses económicos y financieros de la municipalidad. Estaba cumpliendo la función”.
Asimismo, indicó que su defendido, Picazzo, basó su pedido de adelanto a cuenta en otras operaciones similares realizadas en otras gestiones. “Hay profusos antecedentes en idéntico sentido de las mismas operaciones que se realizaron en distintas gestiones de distinto color político, que fueron absolutamente legales como la misma”, dijo y agregó que se está ante un hecho lícito, transparente y que atravesó los controles administrativos.
A su tiempo, Miguel Ángel Cullen, sostuvo que en el proceso se violó el derecho de defensa, puesto que la Fiscalía anunció que podría cambiar la calificación penal. “Ahora parece que debemos defendernos de un peculado que implica sustracción de fondos públicos que, se sabe, en este caso nunca salieron del erario público”, advirtió el letrado.
Más espinoso fue el alegato del abogado Pagliotto, quien cuestionó a la Fiscalía: “Lamentablemente este Ministerio Público Fiscal en esta provincia ha caído en la delitomanía, de la que habló Calos Nino en la década del 80’. Ven delitos por todas partes. Y todo no es delito”, dijo.
En ese marco, aseguró que el delito de peculado, que se le podría imputar a los acusados, le cabe al Procurador General Jorge Amilcar García, quien perdió un juicio y pagó los honorarios del abogado denunciante –Pagliotto, que era presidente del Colegio de Abogados de Paraná- con recursos del organismo que preside. “No vi a ningún fiscal decir algo”, resaltó y recordó que ese punto estuvo entre las causales de remoción que formuló en su denuncia el abogado de Domingo Daniel Rossi, Carlos Reggiardo.
Por otra parte, en defensa de Rolandelli, Pagliotto dijo que es “el único caso en el mundo civilizado que se condena la opinión”, ya que el abogado y hoy concejal sólo emitió un dictamen no vinculante que daba el visto bueno al adelanto financiero.
Al respecto, advirtió que el dictamen de Rolandelli es del 28 de enero de 2016 y que el decreto del intendente es del 22 de enero, por lo cual remarcó que su resolución no es determinante como sostiene la Fiscalía.
Por otra parte, el abogado aseguro que la Fiscalía demuestra un desconocimiento de las normas y procedimientos administrativos. Reseñó que el trámite de adelanto financiero existe desde la época de Halle y que en el presupuesto municipal existe una subcuenta denominada “adelanto a mutuales”.
Los contadores
El primero en declarar fue el contador general Eduardo Campdesuñé –que fue designado en el cargo en octubre de 2015, por la gestión de Osuna-, quien se ocupaba del control de legalidad y de emitir la orden de pago del adelanto. En su testimonio, explicó cómo fue su intervención.El contador explicó que ante el pedido del adelanto formulado en enero de 2016 por la Mutual Modelo, desde su área manifestaron que se debía garantizar el recobro del adelanto de algún modo. Dijo que recomendó que, en caso de otorgase, se le solicitara un seguro de caución por el millón y medio de pesos que pretendía la mutual, para asegurar el recupero de los fondos.
No obstante, planteó que dos aseguradoras consideraron “inviable” emitir una póliza de esas características porque se consideraba una operación financiera y ese tipo de reaseguro está prohibido por ley.
A raíz de ello, dijo que solicitaron la opinión de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Rolandelli, que dictaminó que era factible “garantizar el recobro de esos fondos que se iban a adelantar a la mutual”.
En su declaración, el contador también refirió que el trámite se inició por una nota del titular de la entidad, firmada por al concejal de Cambiemos, Marta Zuiani, que s pareja de otro socio de la entidad, Adrián Bruffal. Al respecto, estimó que su firma aparece para sortear el pago del sellado de la gestión, ya que una ordenanza lo prevé.
Si bien en un momento el contador aseguró que en aquel momento “no teníamos conocimiento de una operatoria de similar naturaleza”, ante una repregunta de la fiscal Yedro aseguró que luego encontraron que el convenio firmado entre el municipio y la mutual para devolver el dinero era “muy similar a los que se hacían en la gestión de Halle”.
Ante otra pregunta de la fiscal sobre los antecedentes, el contador sostuvo que no los vio a todos pero que tuvo conocimiento de algunos. En ese marco, explicó que durante la gestión Halle existía una oficina llamado Centro Único de Autorización de Descuentos (CUAD), que centralizaba todos los descuentos que se realizaban a empleados municipales.
Asimismo, puntualizó que el adelanto financiero a la mutual se afectó a una cuenta especial llamada ‘adelanto para mutuales’- “En aquel momento, como la operatoria era extraña para mí, consulté a la Dirección de Presupuesto y me confirmaron que estaba previsto en la partida de presupuesto. Hay una subcuenta de adelanto a mutuales”, confirmó y agregó que la misma no era de uso frecuente pero que se registrar 9 o 12 antecedentes de expedientes que “se tramitaron en la gestión Halle y la mayoría a la Mutual Modelo” y que no hay antecedentes en la gestión Osuna.
A su tiempo, la Secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto, dio un particular testimonio en el que no faltaron comentarios intrascendentes para el proceso. Al abordar el tema en discusión, contó que cuando llegó la nota de la mutual pidiendo el adelanto, hubo muchas preguntas en el área de su incumbencia. “En una reunión de equipo el intendente me dice que entró una nota pidiendo un anticipo y me pregunta ¿Esto se puede hacer? Yo le pregunté a una funcionaria de Tesorería y me confirmaron que se hizo en varias oportunidades”, relató.
A su vez, la testigo remarcó en todo momento que el tema de discusión no fue en torno a la ilegalidad o no de la operatoria sino sobre “cómo asegurar el recupero de los fondos”. “Nosotros estábamos convencidos que se podía dar el adelanto porque había antecedentes” sostuvo.
Sobre el final de testimonial, respondió algunas inquietudes de Fiscalía. La principal fue que el segundo expediente que se tramitó se hizo con “inusitada celeridad”, al decir de la fiscal Goyeneche. El segundo expediente –una vez que se anuló el primero- se inició el 4 de febrero de 2016 y en cuestión de horas superó varias áreas de control.
La fiscal Yedro hizo notar a la testigo que tanto la nota como el convenio firmado entre las partes tenía la misma fecha.
—¿Es normal que este tipo de trámite tenga esta celeridad?
—No. A lo mejor estaba todo revisado —respondió al contadora.
Al finalizar, Ruberto dejó en claro que no recibió presiones de ningún tipo para acelerar el trámite y contó a modo de anécdota que la concejal Zuiani y su pareja Bruffal, socio de la mutual, la habían invitado a “nadar a la pileta” y que también el empresario había llevado “facturitas” a las empleadas de su área. El comentario generó algunas sonrisas en la sala.
El juicio continuará este martes con la declaración de cuatro nuevos testigos.
Antes del cierre, hubo un cruce entre el abogado Pagliotto y el presidente del tribunal, Gervasio Labriola, respecto de las condiciones del traslado de Varisco a la sala de audiencias.
