Antes de siquiera escribir dos líneas sobre Vicentin bien vale una aclaración. El estado argentino está fundido y no tiene los 1.500 millones de dólares que le costaría poder hacerse de la sexta empresa agroexportadora más grande de la Argentina. Mientras mendiga clemencia a sus acreedores externos, Argentina financió el mes pasado con emisión monetaria aproximadamente el 50% del gasto público total. Esa cifra es posible que aumente durante junio considerando que la recaudación impositiva sigue -y va a seguir- en baja.
Superado ese obstáculo, que ayuda a entender que si la expropiación o confiscación, como se prefiera llamarla, se concreta, la pagaremos entre todos con inflación, enfoquémonos en el sinnúmero de razones que explican la falta de sentido de la acción anunciada que solo se explica por un sesgo ideológico que está bien lejos del sentido común y la razón.
Primero y principal, por soberanía alimentaria se entiende que un país produce todos los alimentos que consume. Argentina produce mucho más que eso, el equivalente para darle de comer a 400 millones de personas, así que la principal razón esgrimida es falsa de toda falsedad.
Pero hay otro detalle central. Vicentin exporta soja y derivados, harina y aceite, insumos estos que se utilizan en la alimentación de animales, sobre todo cerdos en China. De ahí esa otra falacia, que su expropiación y manejo por parte del estado podrían ayudar a bajar el precio de los alimentos en Argentina.
Se habló también de generar más divisas; todos sabemos que el sector agroexportador es el verdadero motor económico de la Argentina y el mayor generador de dólares. Bueno, resulta que vía retenciones el estado se queda con más de un tercio de los dólares producidos por un sector mundialmente reconocido por su eficiencia y productividad así que a esas divisas ya las consigue y con creces.
Además, Vicentin es solo el sexto participante en su mercado, con competidores internacionales y locales de talla mundial, con una capacidad comercial y financiera con la que el estado argentino no está en condiciones de competir. Es que es sabido - y esto porqué será me pregunto-, que, si en algún mercado verdaderamente competitivo uno tiene que elegir entre un privado y el estado argentino, todos prefieren venderle al privado. El estado argentino carece de crédito y eso los productores lo saben. La desconfianza es total.
Capacidad de fijar precios testigo es otra razón que se esgrimió. Con una participación en el mercado del 15% eso para Vicentin es un imposible, pero además la realidad indica que el mercado de granos en el que participa los precios son particularmente transparentes. El mercado de cereales mundial se rige por los precios de los mercados de futuros de Chicago y de China, mal que le pese a la supuesta dueña de la idea estatizadora, la senadora Fernández Sagasti de Mendoza. Colaboradora íntima de Cristina Kirchner, estuvo sentada junto a Alberto en el momento del anuncio y quedó claro en su breve alocución que entiende poco y nada del mercado de granos en el que Vicentin participa, sobre todo como intermediario.
Finalmente, esta historia nos recuerda la saga de YPF, confiscación que todavía no hemos terminado de pagar y que promete habernos costado -cuando la historia termine- más de 10 mil millones de dólares. Primero se le pagó a Repsol y ahora seguramente Argentina pierda el juicio con el fondo Burford al que la familia Eskenazi, socios de Repsol gracias a la magnanimidad de Néstor, le vendió su reclamo hace un par de años atrás.
En realidad, la presente situación es aún más compleja que la de YPF, ya que Vicentin se encuentra en concurso de acreedores y por ende el estado nacional se apresta a sacarla de las manos de un juez sin una ley de expropiación. Dicen que esa ley viene, pero considerando el escándalo público suscitado por el accionar del gobierno resulta difícil saber si esa ley alguna vez podrá ver la luz.
En definitiva, las razones que explican el porqué es un mamarracho -este en el que Alberto Fernández decidió involucrarse ante la presión de Cristina Kirchner y sus aliados de la Cámpora- son contundentes. Salvo por el relato, salvo por el verso, la transacción de marras no tiene ningún sentido, considerando además que eran varios los privados interesados, algunos de ellos -tal vez no José Luis Manzano- con espaldas bien anchas.
Toda una prueba de cómo seguimos tirando los recursos que no tenemos en aventuras empresarias que solo sirven a los intereses de unos pocos, en este caso la Cámpora y sus amigos. No seremos Venezuela, pero el último que habló de soberanía alimentaria fue Chávez y hoy como nunca en aquel país casi todos se mueren de hambre. Quiera Dios que no sea eso lo que nos espera.
