Adrián Gómez, el director de Iosper por el agrupamiento municipal, reiteró que los aranceles mínimos que dispone el Colegio no tienen el aval necesario del gobierno provincial y pidió la intervención del Ministerio de Salud para destrabar el conflicto. “Es necesario que las autoridades de salud de la provincia inviten a la reflexión a los involucrados”, instó.
Gómez recordó que la ley 7253 establece, entre las funciones y atribuciones del Colegio: “Propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de los aranceles mínimos para el ejercicio profesional”. “Los aranceles deben ser avalados por el gobierno provincial, no pueden imponerlos unilateralmente”, consideró el director.
Respecto a posibles acuerdos con el Colegio, Gómez manifestó que por ahora “están muy lejos en los números, ya que fue imposible acordar”. Y aseguró que en la estructura de costos que presenta el Colegio surgen “montos que deberíamos pagar desde la obra social como ‘personal administrativo del consultorio, lavandina, trapos de piso para el aseo, conexión de internet y otros menesteres”.
“Queda así un costo de casi 230 mil pesos solamente de gastos para sostener un consultorio”, remarcó. Según Gómez, el Colegio “plantea que todos los odontólogos deben tener a fin de mes, libres de todo gasto, más de 420 mil pesos”. “Sumado a los costos y sobre la base de esa suma, que totaliza alrededor de 650 mil pesos, calculan el valor de las prestaciones”, completó el funcionario.
El representante municipal consideró “imposible de pagar” esa cifra “en una obra social de empleados públicos y que no recibe aportes como el resto, ni tampoco recibe subsidios ni reintegros”.
Al igual que lo hizo semanas atrás el presidente del Directorio, Fernando Cañete, Gómez reiteró que la Fiscalía de Estado emitió “un dictamen” recordando aquella disposición legal, que según el Iosper está siendo contrariada por el Colegio.
“Esperamos que la Justicia resuelva para dar mayores garantías a los odontólogos y se pueda razonablemente volver a disponer de un servicio de salud para una parte importante de la población, no solo Iosper, sino el resto de obras sociales en similar situación. Los odontólogos dejaron de atender a la familia trabajadora por los temores de sanciones o multas e inclusive perder la matrícula”, advirtió Gómez.
Y concluyó: “No está bien que la atención bucal sea únicamente para los que tienen elevados ingresos o para las emergencias, que un trabajador deba dejar en una atención básica el 10 o el 20 por ciento de su salario”.
La postura del Colegio
El cuerpo colegiado que representa a los dentistas, por su parte, afirmó que la Fiscalía de Estado se limitó a responder “una consulta” de la obra social, que “no es vinculante para las Resoluciones del Colegio”, las cuales “es obvio que incumben sólo a los profesionales matriculados en la institución”. De esto puede interpretarse que el dentista es libre de cobrar por debajo de los aranceles mínimos fijados por el Colegio, pero al costo de perder la matrícula.También ratificó el Colegio que sus Normas Arancelarias “están vigentes”, “su cumplimiento es obligatorio” y “brindar servicios profesionales bajo convenios no homologados constituye una falta ética”, por lo que las autoridades que suscriban convenios de atención odontológica que no cumplan con las normas arancelarias del Colegio “serán pasibles de sanciones éticas”.
La advertencia se dirige a los círculos de odontólogos de ciudades o departamentos con los que el Iosper busca llegar a acuerdos por fuera de la intransigencia del Colegio, que tiene alcance provincial.
