En un documento que hicieron llegar a El Entre Ríos, las entidades sostienen que “la aprobación en comisión del proyecto de reforma resulta contraria a las claras disposiciones de la Constitución Nacional, la cual en tres ocasiones dice exactamente lo contrario a lo que se quiere realizar: todos los juicios criminales deben ser juzgados por jurados (artículos 24, 75 inc. 12 y 118 CN)”.
Sin titubeos, aseveran que “todo el campo académico especializado en la materia está explícitamente en contra de esta modificación, que tendrá el triste honor de ser el primer caso en toda la República Argentina en quitar competencia al sistema de juzgamiento por jurados, cuando en el resto del país se ocupan de mejorarlo y expandirlo”.
Agregan que se trata de una “retardataria reforma que sólo atrasa a la Provincia en materia de administración de justicia, volviéndola más anticuada aún y quitándole participación a la ciudadanía nada menos que en la más importante de las decisiones que se pueda tomar en un estado derecho: el de privar o no a una persona de su libertad”.
“La falta de consenso de esta modificación es tan evidente –insisten-, que abogados y abogadas de toda la Provincia que ejercen su profesión representando por igual a imputados y víctimas se expresan en contra, lo cual marca la falta de estudio y profundidad al tema dada por los integrantes de la comisión, sembrando oscuridad en los motivos de su modificación”. En el documento pronostican que, en caso de prosperar el proyecto, se “generará un nivel de litigiosidad sin precedentes que demorarán enormemente la tramitación de los juicios penales, atento que legítimamente se planteará la inconstitucionalidad de la reforma, afectando el normal desarrollo de la justicia”.
Por último, las organizaciones firmantes exhortan y solicitan “a los Diputados y Senadores de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, a rechazar enfáticamente la modificación”.
