La medida fue adoptada por decisión del intendente Francisco Azcué, “a raíz del impacto generado por el procedimiento y de un supuesto exceso en la interpretación de la normativa vigente”, según informaron desde el Estado municipal.
“Estamos para acompañar al privado, no para ponerle palos en la rueda. Por eso, instruimos una investigación interna para que este tipo de cierres no se produzcan de manera subjetiva o por una mala interpretación de la norma”, expresó el jefe comunal.
El intendente instruyo el inicio de un sumario administrativo a fin de determinar con precisión cómo se aplicó la normativa y si existió responsabilidad funcional en el accionar del área.
Desde la gestión municipal destacaron que la decisión “no busca desautorizar los mecanismos de control, sino garantizar que las sanciones se ajusten estrictamente a derecho y las normas se apliquen con criterio, razonabilidad y sentido común”.
“El municipio tiene que ser un aliado del privado, de la inversión y del empleo. Los controles son necesarios, pero deben ejercerse con equilibrio y sin afectar a quienes trabajan y generan movimiento económico en la ciudad”, destacó Azcué.
