En declaraciones brindadas al Diario Río Uruguay, Asueta explicó que el objetivo primordial de la agencia será ordenar y poner en valor el patrimonio inmobiliario entrerriano. Para lograrlo, la gestión deberá confeccionar una base de datos desde cero, ya que el Estado provincial presenta un marcado retraso en sus registros.
"Lo primero que tenemos que hacer es un trabajo de inventariar", afirmó el funcionario, para luego profundizar que actualmente la provincia "carece de un inventario acabado, terminado, preciso y actualizado sobre todas las situaciones inmobiliarias del gobierno provincial".
En el caso particular del norte de Concordia, Asueta reconoció que existen amplios sectores sobre los cuales el Estado aún no dispone de información fidedigna ni actualizada. Al referirse a los terrenos ubicados en la zona del Perilago concordiense y el entorno del predio de la Tortuga Alegre, manifestó: "Queremos encontrar un esquema de administración positiva sobre todo ese suelo".
El funcionario advirtió que la intervención en estas áreas específicas se ejecutará bajo una agenda rigurosa, la cual se desarrollará una vez que se cuente con datos certeros sobre la titularidad, el estado de ocupación y la situación legal de cada propiedad. "Vamos a poder realmente poner en funcionamiento políticas concretas y precisas para poner en valor todo este patrimonio", remarcó de forma categórica.
Más allá del control sobre la tierra pública en las zonas turísticas y ribereñas, la nueva repartición pública asumirá la responsabilidad de intervenir en problemáticas habitacionales urbanas de larga data. Dentro de este eje, el presidente del organismo destacó que se atenderán de manera urgente las deudas administrativas en complejos de viviendas de alta densidad.
Asueta mencionó explícitamente el caso de Concordia y las situaciones dominiales pendientes que aún persisten en el barrio La Bianca. Con el propósito de destrabar estos expedientes y beneficiar a los adjudicatarios, adelantó que se trabaja en herramientas legales específicas que faciliten el acceso a los títulos de propiedad.
"La provincia nunca reglamentó la Ley Pierri", señaló el funcionario entrerriano, explicando que la actual administración busca la implementación efectiva de dicha normativa nacional para agilizar el otorgamiento de escrituras y la regularización de las viviendas sociales.
De acuerdo con las estimaciones oficiales de la flamante agencia, los niveles de irregularidad dominial en el territorio de Entre Ríos oscilan actualmente entre el 20 y el 30 por ciento del total de los inmuebles, razón por la cual se definió a esta tarea como un eslabón clave para restituir la seguridad jurídica a miles de familias de la región.
