La defensa de Cresto, ejercida por la abogada María de los Ángeles Petit, había solicitado la nulidad de la imputación y el inmediato sobreseimiento de su defendido. Sin embargo, tras analizar las causales del pedido, el juez Guerrero concluyó que la imputación formulada por la fiscal Daniela Montangie "se encontraba correctamente realizada, con una descripción precisa de los hechos investigados, incluyendo tiempo, lugar, conducta y calificación legal".
En consecuencia, el magistrado resolvió no hacer lugar al sobreseimiento al considerar que "existe verosimilitud respecto de los hechos que son objeto de investigación".
La causa judicial pone la lupa sobre una resolución firmada durante la gestión de Cresto, mediante la cual se designó a Ignacio Caprarulo y a la firma CETW Brokers S.A., de Buenos Aires, como productores de seguros de la Municipalidad de Concordia. En el caso puntual de Caprarulo, también fue designado por la gestión de Francisco Azcué, aunque pocas semanas después la dejó sin efecto.
De acuerdo a los elementos que constan en el expediente, en los fundamentos de la resolución del gobierno municipal anterior se hacía referencia a "tareas educativas, capacitaciones y charlas destinadas a la Municipalidad y entes autárquicos". No obstante, en la parte resolutiva del documento se los nombraba formalmente como productores de seguros.
Otro de los puntos críticos señalados por los investigadores radica en que el texto oficial establecía que la tarea de los designados sería desempeñada "ad honorem". A pesar de esto, la hipótesis fiscal sostiene que la figura del productor de seguros percibe de igual modo una comisión abonada por el sistema asegurador, la cual, en este caso en particular, estaba vinculada al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).
Para la Fiscalía, la intervención de un productor privado resultaría "innecesaria debido a que el municipio contrataba las coberturas a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, sin posibilidad de optar por otra compañía".
Este expediente penal registró un avance en diciembre de 2025, cuando se formalizaron las imputaciones en los tribunales de la ciudad de Concordia. Los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning imputaron formalmente a Enrique Cresto; al exsecretario de Gobierno, Aldo Álvarez; y a Fernando Barboza, actual Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
La investigación también alcanza a las autoridades de la aseguradora estatal entrerriana y a los intermediarios. En ese contexto, fueron indagados los expresidentes del IAPSER, Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, mientras que Ignacio Caprarulo y Juan Miró fueron imputados en su carácter de productores de seguros.
Según fuentes judiciales, las siete personas enfrentan cargos como "partícipes necesarios de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública". Con este nuevo fallo del juez Guerrero, la causa penal mantiene su curso institucional.
