A partir de la presentación realizada por Giampaolo y de la documentación incorporada a la causa, Amiano y Villalba consideraron necesario que también intervenga el Tribunal de Cuentas, en su carácter de órgano de control externo de la hacienda pública municipal.
Ante la magnitud económica de la contratación —más de 3.000 millones de pesos anuales de recursos municipales—, las concejales solicitaron la actuación inmediata del organismo para analizar la legalidad de lo actuado y determinar si existen riesgos o eventuales perjuicios para el patrimonio público.
En la presentación también sostienen que la existencia de una investigación judicial no excluye la necesidad de que funcionen los mecanismos administrativos de control. Por el contrario, entienden que corresponde adoptar medidas preventivas mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.
El pedido incluye que el Tribunal de Cuentas evalúe de manera independiente la legalidad del procedimiento administrativo utilizado, la razonabilidad económica del contrato, la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria, los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones adoptadas y el eventual impacto patrimonial para el municipio.
Amiano y Villalba afirmaron, además, que la situación excede una discusión política, dado que involucra recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la ciudad. Por ese motivo, reclamaron que el organismo requiera toda la documentación vinculada al expediente, audite el procedimiento y determine si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales.
La presentación se produce luego de fuertes cuestionamientos públicos sobre la forma en que se instrumentó la contratación, tras la difusión de denuncias vinculadas con presuntas irregularidades en el procedimiento, los plazos en que se desarrollaron los actos administrativos y el volumen de fondos comprometidos.
"El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad. Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal", expresaron las concejales.
