Embargos sorpresivos y falta de información
En el caso puntual que motivó el reclamo, uno de los cotitulares del inmueble afectado se presentó voluntariamente ante la municipalidad al tomar conocimiento de la demanda, suscribiendo un convenio de cancelación de la deuda.Sin embargo, días después, el otro cotitular del bien sufrió un embargo efectivo en su cuenta bancaria. Según argumentan los concejales, el contribuyente nunca fue advertido de que la medida cautelar también lo afectaba, ni se le notificó que el levantamiento de la restricción financiera no operaría de manera automática ni inmediata tras el pago.
El rol del asesor legal bajo la lupa
Otro de los puntos centrales que preocupa al bloque de la oposición es el rol institucional del abogado que percibió la cuestionada suma. Los concejales detallaron que el letrado firmó utilizando un sello que lo identifica como miembro de la propia Secretaría Legal y Técnica del Municipio.Ante este escenario, y amparados en las facultades de control que les otorga el artículo 95 inciso h) de la Ley Provincial N° 10.027 , los ediles le exigieron al Ejecutivo que esclarezca en un plazo perentorio los siguientes puntos administrativos:
• Situación contractual: Precisar el carácter en el que interviene el abogado, detallando si es funcionario designado, personal contratado o apoderado externo, exigiendo además copia del decreto o contrato pertinente.
• Financiamiento público: Informar si el abogado percibe una remuneración fija con cargo al presupuesto municipal y bajo qué partida presupuestaria se imputa.
• Historial de demandas: Remitir un listado con la cantidad total de procesos de apremio fiscal iniciados por el Municipio de La Criolla durante los períodos 2024, 2025 y lo que va de 2026, identificando qué profesionales actuaron en cada caso.
• Protocolos de atención: Explicar si la comuna cuenta con un instructivo para informar debidamente a los ciudadanos sobre el estado de sus medidas cautelares al momento de regularizar sus deudas, además de rendir cuentas sobre las gestiones realizadas para levantar el embargo de este expediente en particular.
Los firmantes aclararon de forma tajante que la solicitud no interfiere con el plano de la causa judicial, sino que apunta exclusivamente a auditar el desempeño administrativo de las herramientas de cobro, la designación de profesionales y los mecanismos de comunicación hacia los contribuyentes de La Criolla.
