El conflicto surgió a raíz de una normativa sancionada por los concejales, prohibiendo la contratación de “nuevos asesores, empleados y todo tipo de contratos” hasta fin de año. Inmediatamente, fue vetada por el Ejecutivo, calificándola como “un obstáculo infranqueable para el normal desenvolvimiento del quehacer diario municipal, que se vería lisa y llanamente paralizado por el cumplimiento de la norma”. Acto seguido, los ediles insistieron con el tema. Esta vez, lo hicieron prohibiendo “nuevos contratos de asesores, empleados y servicios técnicos y profesionales” y acotando el plazo al fin de la actual administración. “Legisla nuevamente sobre la materia, existiendo en la nueva norma solo una variante terminológica”, argumentó el presidente municipal en su segundo veto. Ello provocó que los concejales insistieran una vez más, ratificándola “en todos sus términos, efectos y alcances” mediante un decreto. Considerando que se trataba de una cuestión personal contra su gobierno y no de un gesto de austeridad por el contexto económico, el intendente presentó un recurso de amparo ante la justicia pidiendo la nulidad de tal disposición legislativa, aparentemente al encontrarse frente a la necesidad de contratar a una fonoaudióloga para el centro municipal de atención primaria de la salud y no poder llevarla a cabo.
Cuando la noticia llegó a oídos de los concejales, ayer al mediodía convocaron a Arribalzaga a una reunión de último momento, que permitió frenar un proceso judicial que podría haberse transformado en un largo ir y venir y causado un perjuicio económico al Estado municipal. De esa forma, las partes acordaron retirar la acción de amparo y luego dejar sin efecto el decreto de la discordia, respectivamente. A su vez, que la parte ejecutiva informe a la legislativa cada vez que surja la necesidad de celebrar nuevas contrataciones.
