“No sabemos lo que puede llegar a suceder, porque capaz que llega a manos del gobernador y al leerlo decide no firmarlo. Sería irresponsable lo que vamos a hacer. Conocemos solamente las declaraciones del fiscal de Estado”, manifestó la activista en relación a un tema que genera controversia.
En desacuerdo con Rodríguez Signes
Sassia se mostró en desacuerdo con las declaraciones del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que en diferentes medios periodísticos adelantó los nuevos lineamientos del nuevo decreto reglamentario de la Ley Nº 6.599 de Plaguicidas. “Nos gustaría mucho tener acceso a los informes técnicos que hayan hecho el Ministerio de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente. Sobre todo al informe de Salud, porque en el decreto anterior era muy esclarecedor en la cuestión y prácticamente decía que era imposible seguir aplicando este tipo de productos. Hoy guardamos cierta esperanza en que nuestra ministra de Salud, que tiene información sobre el tema y que es una persona formada, no va a hacer un informe contrario a lo que venimos planteando”, enfatizó. La militante advirtió que a partir de lo revelado por Fiscalía de Estado sigue siendo central el tema de reducir las distancias para fumigar en zonas linderas a escuelas rurales. En este punto discrepó con el fundamento del Estado para ampliar esa margen, diciendo que “no había estudios que evidencien daño a la salud, específicamente en lo que respecta a tumores”. Respecto a este argumento entendió que la aparición de tumores “es solo una de las consecuencias”.
Presión de las entidades del campo
Sassia sabe que la decisión del gobierno se enfrenta con la fuerte presión de la entidades del campo que denunciaron que los productores tienen paralizadas miles de hectáreas y capacidad para trabajar.“El grupo de presión está desequilibrado absolutamente; nosotros no somos un grupo de presión, pero esto tiene una mayor influencia social de lo que está evidenciado. Socialmente está mucho más aceptado y no es el tema de una sola clase, sino que le preocupa a cualquier ciudadano que habita en los territorios. Es un reclamo que está apoyado por un sector muy amplio de la sociedad”, interpretó.
Y amplió su postura: “No hay distancia posible para controlar totalmente este tipo de productos, pero sí las distancias fijadas creemos que eran mínimas. La información confeccionada por la Unión de Trabajadores de la Tierra, con el informe técnico que le presentaron al gobierno de Entre Ríos, presentó una posibilidad factible de salir de este entramado y darle una solución a los productores en corto plazo sin necesidad de aplicar venenos. Es una propuesta que no puede dejar de ver el gobernador. Si le llega a sus manos, y la lee con los números de rindes y de costos que es lo que más interesa al sector.
