El proceso de Galarza se dio en mayo del año 2018, cuando fue encontrado culpable de los delitos de peculado y fraude a la administración pública, en el marco de la causa por la venta ilegal de terrenos en Puertos Yeruá. La sentencia quedó firme por Casación en el 2022, condenando a tres años de prisión, inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos para quien ejercía como director de Saneamiento. El intendente Azcué informó que desconocía la situación de dicho funcionario a pesar de saber sobre la causa en la que está involucrado. Ante esto, inmediatamente, tras conocer lo sucedido, el intendente apartó de su cargo a Galarza quien le comentó al presidente municipal que había presentado una apelación ante la sentencia.
Luego de la decisión, Azcué ordenó que todos los integrantes de su gestión presenten en la brevedad un certificado de antecedentes o procesos penales para evitar que vuelva a suceder una situación similar.
