De un lado, los que culpan a Nación por la "quita de subsidios" y por los aumentos que se vienen. Del otro, quienes aseguran que tal quita no se va a producir y que la provincia recibirá de Nación los fondos suficientes para apoyar a servicios de transporte cuya regulación no depende de la órbita nacional sino de las jurisdicciones provinciales.
En este escenario, la Concejal de Cambiemos, Magdalena Reta de Urquiza, consideró pertinente salir al ruedo con una carta en la que denuncia intereses políticos y económicos que están enturbiando el debate y, como si ello fuera poco, servirían para comprender por qué Concordia sigue sin contar con la tarjeta SUBE, vigente en tantas otras ciudades del país.
Aquí, la carta completa:
Subsidios en el transporte público de pasajeros: “Que pague el costo político el gobierno nacional”Por medios periodísticos afines al oficialismo provincial y municipal nos enteramos de reuniones entre la “Cámara de Transporte” y el partido justicialista en la sede de un sindicato y hoy, con el intendente y concejales. Lo que no aclara este medio es con qué concejales, dado que la oposición no fue convocada a esta última reunión, todo obedece a la clara intensión de culpar al gobierno nacional del costo del boleto de colectivos.
Estamos acostumbrados a manejos poco serios de temas tan sensibles a la población. Hoy las líneas de colectivos de Concordia reciben combustible subsidiado, la Compensación por Complementaria Provincial (CCP) y otras compensaciones abonadas por el Estado Nacional a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU). Todas estas representan una situación diferente en cada empresa, que no se condice con ningún criterio y que representan entre $10 y $14 por pasajero según sea la línea en cuestión –información manifestada por las transportistas-.
La implementación de la tarjeta SUBE representaba un cambio de estos subsidios, ya que la empresa recibe el precio completo del boleto y quien recibe el subsidio es el pasajero que abona un monto menor. El primero de julio debería haberse puesto en funcionamiento, pero, parece que no conviene, quizá las empresas pueden perder los subsidios o que estos se transfieran al usuario. Me pregunto si es por este motivo que en Concordia no podemos contar con la tarjeta SUBE.
Desde el inicio de este Gobierno Nacional se ha puesto énfasis en el federalismo, casi todas las provincias eran inviables en 2015 y el caso extremo fue Santa Cruz. A partir de la aplicación de esta política, de darles mayor coparticipación, es que prácticamente todas hoy tienen superávit, como la provincia de Entre Ríos. En tres años, los recursos tributarios nacionales que son transferidos automáticamente a provincias aumentaron un 19% en términos reales, mientras la fracción apropiada por el Tesoro Nacional se redujo un 10%, también en términos reales.
En el caso de la provincia de Entre Ríos, para el año 2019 el aumento de los recursos de origen Nacional supera en valores constantes de 2019 los $5.400 millones. Estos recursos provienen de un mayor porcentaje de coparticipación de los impuestos nacionales, que como dije ha relegado 10 puntos de la recaudación. Dentro de estos montos están los recursos para hacer frente a las políticas de subsidios que se transfieren.
Es interesante preguntarse entonces: ¿El gobierno provincial no quiere hacerse responsable del transporte dentro de su jurisdicción, ni de la política de subsidios? ¿Prefiere delegar al gobierno Nacional la regulación del transporte de pasajeros? Sería interesante que expliquen cuáles son los motivos de no hacerse cargo de las facultades que le competen. Cuentan con los recursos suficientes.
A partir de 2019 se plantean dos escenarios, uno para los usuarios que cuentan con la tarjeta SUBE, que recibirán del Gobierno Nacional la compensación por medio de la Tarifa Social Federal para las poblaciones vulnerables.
Las ciudades como Concordia, que no cuentan con la SUBE, podrán acceder a un Fondo de Compensación Nacional de $5000 millones para hacer frente a la implementación de un subsidio al transporte.
El proceso que se llevará a cabo a partir del 1º de enero no implica una quita de subsidios, sino que los mismos serán facultad de las provincias, con el aumento de los fondos correspondientes que recibirán para profundizar el proceso de federalización. Son los municipios y las provincias las que determinan tarifas, recorridos, frecuencias, características de las flotas, etc. y por lo tanto quienes están más capacitadas para ejercer una política de subsidios acorde a cada ciudad.
Es más fácil decir que la quita de subsidios viene de la Nación y quedarse con los recursos para otros fines, ¿cómo el adelantamiento de las elecciones?
El ciudadano de Concordia no recuerda haber recibido en décadas tantas obras financiadas desde el gobierno Nacional que implican un cambio en la calidad de vida: la planta potabilizadora de agua, la planta de tratamiento de efluentes cloacales, la ampliación de la defensa sur, el relleno sanitario para el campo el abasto, el plan hábitat, el PROMEBA IV, Viviendas, etc.
Y todas estas obras se multiplican a lo largo y a lo ancho de todo el país, no se deben a una gestión en particular, basta buscar en las redes y confirmar que hay más de 500 programas hábitat, etc., etc.
La ciudadanía nos reclama responsabilidad a la hora trabajar, ya estamos cansados del engaño o de las “picardías” para sacar rédito político.
Magdalena Reta de Urquiza
Presidente Bloque de concejales Cambiemos
