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La Sala Concordia de la Cámara de Casación declaró "inadmisible" el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de la Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones María del Lujan Giorgio, en la causa caratulada "HOLZL RITTER VON ZELLHEIM, GUILLERMO y otros -Peculado- S/ RECURSO DE CASACION" EXPTE.N° 167/19". En consecuencia, el Fiscal José Emiliano Arias ha quedado definitivamente afuera de la investigación del presunto peculado, por el cual han sido acusados varios funcionarios municipales, entre ellos el intendente Enrique Cresto.

La novedad no sólo impacta en Concordia sino también en la capital provincial y en la llamada "Causa Contratos". Ello en razón de que la decisión unánime del tribunal integrado por los doctores Aníbal Lafourcade, Darío Perroud y Silvina Gallo se contrapone de manera manifiesta a los criterios que hasta el presente han guiado el accionar de la otra Sala de Casación, la de Paraná, que en la causa por los contratos truchos en la Legislatura entendió que apartar fiscales era una facultad exclusiva de la Procuración y en la que no podían interferir los jueces.

Fue el Doctor Aníbal Lafourcade el primero en convalidar el apartamiento de Arias, tal como había sido resuelto en anteriores instancias por los jueces Darío Mautone y María del Luján Giorgio. "Respecto a la revisión del apartamiento del Agente Fiscal José Arias dispuesta por el Juez de Garantías y confirmada por el Tribunal Unipersonal de apelación -dijo Lafourcade- no se dan ninguna de las condiciones a tener en cuenta para la procedencia del Recurso de Casación. Por un lado, no se trata de una sentencia definitiva o resolución equiparable; por otro, el apartamiento de un Fiscal no causa gravamen alguno a la parte acusadora, en tanto el agente recusado puede ser suplido por más de una decena de fiscales de la Jurisdicción. Por último no se vislumbra arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales que permitan habilitar la instancia casatoria".

Los otros dos jueces de Casación Concordia no sólo coincidieron con la fundamentación de Lafourcade sino que reafirmaron que, a su entender, no conspira contra el "sistema acusatorio" ni contra la "autonomía del Ministerio Público Fiscal" que los jueces resuelvan respecto de la recusación de los fiscales. Es en este punto en donde la discrepancia con Casación Paraná se vuelve evidente. En efecto, el segundo en votar, el Doctor Darío Perroud, sostuvo que "la posibilidad de contralor de la debida constitución o intervención de una parte -en el caso concreto de un miembro del MPF- tiene base constitucional y no implica en modo alguno avasallar la autonomía del órgano acusador sino que hace al resguardo de la garantía del debido proceso, por un lado, y por otro, desde el punto de vista legal, al control de la correcta fundamentación de las resoluciones del Ministerio Público Fiscal".

Por último, la doctora Silvina Gallo entendió que "la intervención del Juez en el caso, a pedido de parte, en su rol de tercero imparcial custodio del cumplimiento del debido proceso y protector de los derechos y garantías de los justiciables, robustece el sistema acusatorio. Lo contrario, avalar la hegemonía de una de las partes, impidiendo la función jurisdiccional garantizadora peticionada por uno de los sujetos sometido a proceso, es erosionar seriamente el sistema que nos rige".
Cortocircuito jurídico entre Paraná y Concordia
La firme y unánime determinación de la Sala de Casación de la capital del citrus profundizó las discrepancias en la interpretación de las leyes y en el funcionamiento del sistema acusatorio entre los tribunales de ambas costas entrerrianas, en el contexto de dos causas por presunta corrupción: la de los contratos en la legislatura provincial y la del presunto peculado en la comuna concordiense.

En Paraná, tanto la jueza de garantías Marina Barbagelata como la Jueza de Apelaciones María Carolina Castagno y por último los tres miembros de la Sala de Casación, los doctores Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, consideraron que se debe dar preferencia a la ley posterior y específica 10.407 por sobre la anterior y genérica 9.754 (Código Procesal Penal), lo que en buen romance significa convalidar que el apartamiento de los fiscales es exclusiva competencia del Ministerio Público Fiscal.

En cambio, para los magistrados de los tribunales de Concordia que han intervenido sucesivamente en el planteo recusatorio contra Arias, es decir Darío Mautone, María del Luján Giorgio y los tres integrantes de la Sala de Casación, ambas leyes no se contraponen sino que se complementan, y que la última palabra respecto del apartamiento de los fiscales no la puede tener el Ministerio Público Fiscal si no el "control jurisdiccional" ejercido por los jueces.
El parentesco con Asueta, un planteo que se volvió abstracto
En los orígenes de esta historia que ha desembocado en el definitivo alejamiento del Fiscal José Arias de la causa que investiga un presunto peculado en la Municipalidad de Concordia, el principal argumento esgrimido por la defensa de los imputados fue que el parentesco del recusado con Eduardo Asueta -son primos hermanos-, que por entonces era rival de Enrique Cresto en las PASO, ponía en duda la objetividad con la que debía actuar el funcionario judicial.

Pero mientras en los tribunales se discutía el planteo, las PASO del 14 de abril se volvieron historia y ya Enrique Cresto y Eduardo Asueta no sólo que dejaron de ser rivales sino que hasta se mostraron juntos, del mismo lado.
¿Quién continuará la tarea de Arias?
Desde la Coordinación de Fiscales, que ejerce el Doctor José Costa, fueron designados los doctores Mario Guerrero y Martín Núñez como fiscales adjuntos de la causa, decisión que se conoció cuando recién comenzaba el embate para alejar a Arias del caso.

Es por ello que cabe suponer que ambos funcionarios, Guerrero y Núñez, serán los encargados de dar continuidad a la investigación. Pesa sobre ellos la sugerencia que formularan los jueces Darío Mautone y María del Luján Giorgio, en el sentido de que la labor investigadora debía abarcar también a las máximas autoridades provinciales, que fueran mencionadas en la denuncia inicial.
Fuente: El Entre Ríos