De esta manera, sostiene su pedido que se declare la nulidad de los decretos de desdoblamiento 4312 y 4313 del Superior Gobierno de Entre Ríos, entendiendo que los mismos son inconstitucionales por haberse arrogado facultades propias de la Legislatura, en base a lo que establece el inciso 4 del artículo 87 de la Constitución provincial. El gobierno provincial tiene ahora 72 horas para volver a fundar su postura y este martes se presentará un memorial respaldatorio de la sentencia de la jueza de Feria Civil, Comercial, Laboral y de Paz, Elena Albornoz, a través de la Fiscalía de Estado.
La magistrada había fundamentado su resolución considerando que “el amparista (Alejandro Carbó) no acreditó cuál es el derecho vulnerado, ni tampoco que se encuentre legitimado para pedir protección de derechos colectivos o una acción de clase”. Luego, tal como lo marca la normativa vigente, la magistrada interviniente correrá vista al Ministerio Público Fiscal y luego sí será la Sala Penal compuesta por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia la que se expida al respecto.
Cabe recordar que Carbó formuló en su presentación la reserva federal del caso para dejar abierta la posibilidad de acudir con un recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
