El requerimiento implica llevar al banquillo de los acusados a la entonces administradora del nosocomio, Claudia Lorena Lugrín, a quien le endilgan los delitos de “PECULADO -1° Hecho-; EXACCIONES ILEGALES SIMPLES Y AGRAVADAS POR CONCUSIÓN -2° a 48° y 51° a 59° Hechos-; EXACCIONES ILEGALES SIMPLES -49° y 50° Hechos- y ACEPTACIÓN ILEGAL DE CARGO PÚBLICO -60° Hecho-”. La denuncia fue formulada el 27 de mayo de 2021 por la abogada Clarisa Marano Roude, hija de un paciente con coronavirus, a la que habría intentado cobrarle el oxígeno; la jefa de Enfermería, Sandra Giovenale; como también la fallecida doctora Analía Fernández, médica encargada del hogar de ancianos de la institución.
Con el avance de la investigación penal preparatoria y las evidencias aportadas, la funcionaria fue imputada por la Fiscalía el 27 de abril del año siguiente en calidad de autora material de ilícitos presuntamente cometidos entre los meses de enero de 2020 y mayo de 2021, en el contexto de la emergencia sanitaria.
En ese corte temporal que realizó el Ministerio Público Fiscal para avanzar con el proceso, se calcula que la entonces administradora percibió 1.390.884,00 pesos de parte de residentes del geriátrico, de los cuales no registró contablemente ni depositó en la cuenta bancaria del efector un total de 1.030.224,00. La Unidad Fiscal solicitaría una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, conforme lo previsto en el Código Penal y la valoración de la prueba que se expondrá en la instancia de debate, cuya fecha hasta el momento no fue fijada.
El requerimiento a juicio lleva la firma de los fiscales Juan Sebastián Blanc y María Noelia Batto. El defensor técnico de la imputada es el abogado paranaense Ramón Horacio Barreto, mientras que la parte querellante está representada por el colonense Martín Jauregui.
