Además, los jueces cuestionaron la promesa del MPF de desincriminar al resto de los imputados -la familia de Allende en la causa por enriquecimiento-, si prosperaba el acuerdo de juicio abreviado. Dijeron no entender que si al momento de presentar el acuerdo había certeza negativa sobre el resto de los imputados, porqué no se pidió el sobreseimiento en el mismo acuerdo.
Por otro lado, apuntaron a la calificación legal de amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. Consideraron que no corresponde el delito de amenazas simples, sino que la figura debe ser la de coacciones agravadas. Recordaron que las propias víctimas se manifestaron en desacuerdo al momento del juicio abreviado.
En la audiencia estuvo presente el propio Allende, a través de videoconferencia; los defensores Julio Federik y Marcos Rodríguez Allende además de Lambruschini; los fiscales Laura Cattáneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato; la ministra de Salud y su abogada Fernanda Vázquez Pinasco; y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. La instancia judicial, como la semana pasada, se realiza en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dada la cantidad de personas que forman parte del debate y el espacio necesario para respetar protocolos sanitarios.
La audiencia de juicio abreviado al ex diputado José Ángel Allende había tenido un nuevo cuarto intermedio durante la mañana de este jueves y se reanudó a las 12, para arribar al veredicto.
Juicio abreviado
El dirigente peronista de Nogoyá había sido denunciado por enriquecimiento ilícito por la revista "Análisis", en marzo de 2012. En mayo de este año, el exdiputado había firmado el acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó haberse enriquecido por más de 1 millón de dólares y se comprometió a devolver su mansión del Parque "Urquiza" de Paraná, valuada en más de 700 mil dólares; y una casa de calle Laprida tasada en 378 mil dólares.En el acuerdo alcanzado, que finalmente fue desestimado este jueves, Allende también había reconocido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por lo cual se le impuso una multa de 3 millones de pesos.
Se lo había condenado a una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El acuerdo con la Justicia alcanzó también las amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y al periodista Martín Carboni.
