La iniciativa surgió tras información remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros al Congreso de la Nación, donde se reconoce que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal -creado en 1999 para financiar obras de infraestructura eléctrica en alta tensión- se encuentra actualmente en “proceso post disolutorio”. Sin embargo, desde el bloque advirtieron que el cargo que financiaba ese fondo continúa siendo aplicado en las boletas de energía eléctrica de usuarios residenciales, comerciales e industriales de todo el país.
De acuerdo al proyecto, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se recaudaron más de 38.600 millones de pesos por este concepto. Esos recursos son administrados actualmente por el Ministerio de Economía de la Nación a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, aunque -según remarcan los ediles uruguayenses- sin una asignación específica para obras de infraestructura energética.
Los concejales señalaron que la situación genera “incertidumbre jurídica” y cuestionaron la falta de claridad en la información que reciben los usuarios sobre los conceptos incluidos en las facturas. En tal sentido, sostuvieron que el recargo aparece “oculto bajo denominaciones genéricas”, dificultando identificar con precisión cuál es su origen y destino.
A través del proyecto, el bloque solicita al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen detalladamente el destino de los fondos recaudados, las obras ejecutadas o proyectadas con esos recursos y la normativa vigente que respalda actualmente el cobro. Además, reclaman que el cargo sea identificado de manera expresa y diferenciada en las facturas de energía eléctrica, indicando su alícuota, forma de cálculo y destino final.
Desde “Juntos por Uruguay” sostuvieron también que provincias como Entre Ríos, cuya economía depende en gran medida del costo energético, podrían verse beneficiadas si esos recursos fueran destinados a reducir el impacto de las tarifas sobre hogares, comercios e industrias.
El proyecto contempla además el envío de una nota de repudio al Poder Ejecutivo Nacional y al ENRE por la continuidad del cobro de un cargo vinculado a un fondo ya disuelto, así como la remisión de copias de la iniciativa a los Concejos Deliberantes de toda la provincia para promover adhesiones.
“Defender a los vecinos frente al peso creciente de las tarifas y exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos es una responsabilidad indelegable de este Concejo Deliberante”, expresaron desde el bloque impulsor.
