La admisión de delitos por parte del imputado ante el MPF, complica ciertamente la situación judicial de Urribarri, Báez, Aguilera y el resto de los imputados, quienes venían apostando a la negación de los hechos como una de las estrategias de defensa.
La denominada causa de la vaca ventila el presunto direccionamiento de publicidad oficial durante el último gobierno de Sergio Urribarri a la imprenta de su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
El legajo lleva el número 4385 y está caratulado “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”. Están imputados el ex gobernador; su cuñado; el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; el ex responsable de certificación publicitaria en la vía pública, Gustavo Tamay; y los empresarios de las imprentas Tep y Next SRL, Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena y Belén Almada -esposa de Aguilera-. También están acusados Alejandro Alamada -hermano de Belén-, la contadora Corina Cargnel que tenía a cargo el control y seguimiento del cumplimiento de los contratos, y los empresarios José María Bustamante y Fernando Montañana.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2015, y refieren a las contrataciones directas de publicidad oficial por un monto de $ 24.204.918,69, que habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri. Esas contrataciones fueron aprobadas por funcionarios del gobierno y su cumplimiento fue certificado a través de fotografías de la publicidad en la vía pública. Los fiscales entienden que esas certificaciones no son reales, porque para justificar distintas contrataciones se utilizó siempre la misma fotografía que particularmente tiene una vaca delante de un cartel.
Cuando los fiscales remitieron el legajo a juicio oral, el 2 de febrero pasado, en el requerimiento adelantaron un pedido de pena para Urribarri, Aguilera y Báez de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; para Cargnel, Bustamante y Montañana, pidieron 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Tamay 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; y para los hermanos Almada, Giacopuzzi, Sena solicitaron 4 de prisión de cumplimiento efectivo.
Tras el pedido de solicitud de remisión a juicio oral, se trabó un embargo a algunos imputados y la inhibición general de bienes en otros casos. Se pidió la tramitación del desafuero para el caso de Urribarri y Báez, los dos diputados provinciales. Y para el 13 de marzo se había agendado la audiencia de control de la prueba, previa al debate.
Esa instancia nunca se concretó, porque las defensas plantearon en primer lugar una apelación a los embargos que estaba por resolverse. Posteriormente pidieron audiencia para plantear el recurso de excepción por falta de acción. Esas son las dos apelaciones que se resolvieron este viernes, de forma unificada.
