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No faltará algún mal pensado que al leer la frase precedente, imaginará que estamos por aludir a la peculiar circunstancia que, al paso de los días, y confirmada como se ha informado la venta del ex frigorífico Vizental, ex Swift y ex Procesadora Ganadera Entrerriana, se siga sin conocer el nombre del comprador y el precio pagado por la operación.

Es que en el caso de ser así, no le faltarían motivos para la suspicacia. Ya que resultan verdaderamente extrañas tanto la demora apuntada, como la ausencia de una explicación al respecto. Sobre todo si se tiene en cuenta la falta de transparencia de la actual administración provincial, que ha convertido a la palabra “opacidad” en una de uso habitual y utiliza el hermetismo en torno a hechos que, cuando no se acercan peligrosamente a lo delictivo, vienen a explicarse como una forma de intentar tapar una “metida de pata”, sin respetar las instituciones republicanas.

Es que con el título de la presente nota, queremos en realidad describir la situación que se ha vivido desde el recordado amotinamiento sedicioso de la policía concordiense; el caos subsiguiente que convirtió a la ciudad vecina poco menos que en tierra de nadie; el retorno a la calma logrado por un acuerdo entre los sediciosos y el gobernador provincial; el desconocimiento de aquel por nuestro primer mandatario y la suerte corrida tanto por los amotinados como por las mejoras en sus remuneraciones con ese acuerdo logradas.

Demás está decir que seguimos firmes en nuestra condena frente a actitudes sediciosas como la que nos ocupa. Pero también consideramos que sigue siendo motivo de bochorno el comportamiento con el que puso fin el Gobernador a la confrontación, el que, si en apariencia resultó exitoso, se ha traducido con el posterior desconocimiento del acuerdo, en una nítida muestra de una conducta a la que es usual se la asocie con un maquiavelismo extremo.

No desconocemos que la situación que se vivía en esa ciudad como consecuencia del alzamiento policial era harto crítica, tal cual lo hemos más arriba dejado expuesto. Tampoco que, por un principio de sana prudencia, haya que buscar superar los conflictos de una manera que, al aventar la violencia, convierta en mínimas las posibilidades de un derramamiento de sangre. Al igual que la celeridad que se imprima a un trámite de este tipo aleje, a su vez, el peligro de un desmadre.

Pero lo que resulta inadmisible es que ese resultado se logre mediante la apelación a una artimaña. Ignoramos cuál podía ser la vía más apropiada para que desde lo alto del poder se arribase a un resultado como el indicado ya que carecemos un claro panorama de los hechos pero, de lo que estamos ciertos, es que el mismo nunca cabe sea alcanzado ensuciando la figura de quien nos gobierna, al desdecirse de la palabra empeñada. Así, en la medida que ello significa un deterioro en el principio de autoridad que se debe asociar a su gestión, que no solo no es igual sino mayor que el que hubiera significado ceder ante una presión inadmisible.

En el caso de las relaciones internacionales no es extraña la presencia de comportamientos como el que nos incomoda gravemente, pero los mismos se vuelven repelentes cuando se dan dentro de una sociedad en la que todos vivimos y tenemos que seguir, conviviendo en la forma más armoniosa posible, todo ello basado en la confianza recíproca.

Desconocemos, por las circunstancias más arriba expuestas, cuál es el estado actual de las secuelas de lo ocurrido. Y como es así, la información aparece reemplazada por versiones, las que, como es de suponer, no siempre resultan bien intencionadas. Es así como en “radio pasillo” se escucha decir que en la actualidad en Federal permanecen presos dieciocho policías, a los que se sindica como exhibiendo un rol preponderante en los acontecimientos, todos ellos sometidos a proceso judicial, a la vez que se vaticina que por lo menos a tres o cuatro imputados en la causa “las cosas no le van a resultar fáciles”.

Al mismo tiempo, se indica que en la actualidad la remuneración total blanquinegra inicial del agente de policía no excede los cinco mil pesos, un monto muy alejado a los ocho mil quinientos pesos mensuales pactados para esa categoría, por más que, como también se señala, el porcentaje de aumento al personal que se inicia habría sido superior al otorgado a las otra categorías del personal policial, por la dificultad –habría que decir en realidad casi imposibilidad- de logra incorporar nuevos agente con remuneraciones más bajas.

A la vez, es un hecho descartado la iniciación de un proceso, tanto contra el Obispo de Concordia como a los representantes de entidades de esa ciudad, que al asumir el papel de “testigos” en las indicadas negociaciones, de acuerdo al relato oficial de lo ocurrido serían no otra cosa que cómplices de los alzados. Algo de lo que nuestra parte descreemos, ya que su participación en las negociaciones aludidas vino a constituirse en un manoseo de esas personas de buena voluntad de las que se abusó, convirtiéndolas en instrumentos funcionales a los intereses gubernamentales, la que resulta coherente con la forma que desde el gobierno se presentan los hechos. La pregunta: ¿quién aceptará en lo sucesivo actuar como “testigo” o “mediador” en otro conflicto en el que el gobierno sea parte ante este antecedente?

Mientras tanto, tenemos una comunidad marcada profundamente por lo ocurrido, una policía que al mismo tiempo de haber quedado malquistada con el vecindario, responde sin la debida gana y de una manera remisa a sus reclamos, los que en una ciudad como Concordia no son pocos, a la vez que se ha producido también una suerte de fractura entre la policía y la justicia de esa ciudad, traducida en la forma pachorrienta que realiza las diligencia que tiene esta última que encomendarle. Y mientras tanto, el gobernador trata de evitar mostrarse en su ciudad, una circunstancia para la cual su campaña como pre-pre candidato presidencial es una escuálida excusa.

De allí que se hace necesario que desde el gobierno, de ajustarse a la realidad la versión transcripta, se disponga al indulto de todos los procesados, dado que con lo que hasta ahora han soportado se les ha dado el escarmiento que habrían merecido, y que la manera en que el mismo se ha manejado la “situación policial” antes, durante y después de los acontecimientos de Concordia no es, evidentemente, algo de lo que nadie puede enorgullecerse.


Y que ese mismo gobierno tome conciencia que desde el año 1810 el pueblo viene reclamando “saber de qué se trata”….
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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