La funcionaria judicial formó parte del equipo que investigó al exgobernador Sergio Urribarri, condenado a 8 años de prisión por negocios incompatibles con la administración pública y peculado. Por la condena, el entrerriano tuvo que renunciar a su cargo de embajador en Israel.
Lo impulsa Frigerio
El proyecto de declaración de la oposición es impulsado por el diputado nacional por Entre Ríos Rogelio Frigerio y contó con el asesoramiento jurídico de Pablo Tonelli, el dirigente del macrismo que es además miembro del Consejo de la Magistratura.
Un proceso con “arbitrariedades”
La iniciativa sostiene que el juicio político contra Goyeneche “genera preocupación en la ciudadanía por ser un proceso con diversas arbitrariedades, a partir del cual se pone en riesgo la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos y se expone a la República Argentina a eventuales responsabilidades internacionales ante la afectación de Derechos Humanos consagrados en instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país”.En el escrito, dirigido a la Cámara de Diputados, señala que Goyeneche es la fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos y que mientras investigaba a Urribarri “comenzaron las presiones y represalias contra la fiscal”.
“Vicios” del proceso
“Entre los vicios más preocupantes del procedimiento de enjuiciamiento contra la fiscal, puede señalarse el apartamiento del órgano acusador natural, el Ministerio Público Fiscal y la creación de un órgano acusador ad hoc para esa tarea, que fue ejercido por un abogado de la matrícula, de estrechas relaciones con el poder político investigado”, dice.Y añade luego otro párrafo de la declaración: “Ello ocurrió, luego que dieciséis abogados convocados para tal fin se negaran a asumir el cargo, por considerar que hacerlo en tales condiciones constituiría un delito. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que asistimos a una evidente violación del debido proceso y la garantía del juez natural”.
“Por otra parte, la composición del jurado en modo alguno parece garantizar el principio de imparcialidad del juzgador, garantía constitucional básica que asiste a todo aquel que se encuentra sometido a un proceso sancionatorio. Muy por el contrario a ello, la mayoría de sus miembros poseen estrechas relaciones con el poder político al que investigó la fiscal Goyeneche”.
Con todos esos datos, los dirigentes de Juntos por el Cambio sostienen que el jury “vulnera la vigencia de la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos”.
