El Ministerio de Salud de Entre Ríos dio curso a una denuncia contra un miembro del equipo auditor del Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón), que se hizo cargo de su administración tras un escándalo por presuntos cobros irregulares.
La presentación habla de “hostigamiento y acoso hacia la mujer en el ámbito laboral” y sindica como víctima a la médica Analía Fernández (49), conocida entre otras cosas por haber denunciado manejos irregulares por parte de la administración anterior, quien el pasado 10 de diciembre tomó la determinación de acabar con su vida.
El conflicto habría surgido el 3 de diciembre último -en el marco de una cena organizada por el Día del Médico-, en circunstancias que la doctora Fernández habría sido fotografiada sin su consentimiento y horas más tarde habría recibido esa imagen a través de WhatsApp.
La médica habría compartido su malestar con, al menos, tres personas de su confianza, relatándoles el episodio a través de notas de audio y la foto que le habían tomado: una de esas personas fue quien luego tomó la decisión de dar a conocer esta situación, mientras que las dos restantes fueron ofrecidas como testigo.
Salud acusó recibo y notificó a su enviado una vez que la denuncia llegó a Paraná vía correo electrónico, con lo que fue adjuntado como material probatorio del hecho, ocurrido una semana antes de que la profesional fuera hallada sin vida.
Una persona de su confianza, la denunciante
Quien aparece nuevamente en escena es la abogada Clarisa Marano Roude -hija de un paciente con COVID-19-, que junto a Fernández y la jefa de Enfermería del nosocomio, Sandra Giovenale, se habían unido para denunciar cobros irregulares en mayo del año pasado.
“Después de lo que pasó con Analía, reafirmo aún más mi compromiso con la causa y es por eso que no pienso dejar ningún cabo suelto”, afirmó a El Entre Ríos, al explicar las razones que la llevaron a hacer una nueva denuncia, en este caso por “hostigamiento y acoso hacia la mujer en el ámbito laboral”.
“Esta denuncia -según expresó- se realizó por violencia laboral y discriminación hacia la mujer, dado que en este caso la persona denunciada y la doctora Fernández compartían un ámbito de trabajo y es en ese marco que se dieron los hechos, toda vez que se le tomó una foto sin su consentimiento durante un festejo por el Día del Médico realizado en el propio hospital”.
Tras pedir que el tema sea abordado con “seriedad” y “prudencia”, Marano Roude resaltó “la importancia de no pasar por alto estas situaciones, a los fines de que se sepan las condiciones a las que estamos sometidas las mujeres cuando decidimos hacer una denuncia, que no solo debemos cargar con el peso de denunciar sino de estar sometidas a situaciones de hostigamiento”.
A ello, sumó el dato de que las tres denunciantes ya habían puesto en conocimiento al Ministerio de Salud sobre otros episodios “cuanto menos, desprolijos”, en el mes de julio: “Esta persona les refirió a la licenciada Giovenale y a la doctora Fernández, mientras se juntaban firmas para pedir transparencia, que ‘dejen las cosas así’, que ‘bajen el perfil’ que ellos -en referencia al ministerio- se iban a encargar de todo, que la denuncia ya estaba hecha y que se ‘tranquilicen’”.
Además, mencionó que “en una clara demostración de confianza con la sobrina de la administradora denunciada, que trabaja en el hospital, envió desde el celular personal de ella, mensajes a otros empleados”. En ese sentido, contrastó que se trata de “quien envió el Ministerio de Salud para ‘poner orden’ en la administración” y “la sobrina de la administradora denunciada, que también debió nombrar abogado defensor en la causa que tramita ante Fiscalía”.
Por otra parte, la abogada recordó que “todos los empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado tienen la obligación de estar capacitados en materia de género” y entendió que “en este caso, se violó la ley que brinda protección integral a las mujeres”.
Denuncia, notificación y silencio
Una vez desatada la polémica por presuntos cobros irregulares, el Ministerio de Salud designó una “Comisión Normalizadora Administrativa Contable” en el hospital de Villa Elisa.
Ahora, con esta denuncia por “hostigamiento y acoso hacia la mujer en el ámbito laboral”, la historia suma un nuevo capítulo que salpica al único efector sanitario de la “ciudad jardín”.
Entretanto, este miembro del equipo auditor que fue señalado en la denuncia de Marano Roude y notificado de ello por Salud, sigue en funciones y, hasta el momento, elige el silencio.
