El 10 de mayo último, la acusación pública representada por los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Álvaro Piérola y las dos querellas que representan los abogados Marcos Rodríguez Allende y Walter Rolandelli; y Santiago y Victoria Halle y Lucio Amavet, pidieron que Ilarraz sea condenado a 25 años de prisión por el delito de Promoción a la corrupción agravada de menores en concurso real –siete hechos–; y que se dicte la prisión preventiva en caso de resultar condenatoria la sentencia. Por su parte, el alegato de Milton Urrutia y Alejandra Pérez, quienes representan a una de las siete víctimas del cura Ilarraz, coincidió con las partes precedentes en el monto de la pena requerida pero se diferenció en dos puntos centrales: la prisión preventiva –consideran que debe efectivizarse sólo si el máximo órgano judicial del país, resuelve en contra del recurso interpuesto por la defensa de Ilarraz para que se declare la prescripción de los delitos–; y el aspecto del encubrimiento. Urrutia y su socia entendieron que las autoridades eclesiásticas hicieron lo que debieron en cuanto a los abusos de menores.
La defensa
En contraposición, la defensa del cura Ilarraz, representada por Jorge Muñoz, alegó sobre la inocencia y reclamó el sobreseimiento. “Negó los hechos, cuestionó algunas declaraciones testimoniales, las declaraciones de las víctimas y pidió el sobreseimiento de su defendido”, resumió el fiscal Ramírez Montrull. El cura imputado también se tomó un momento al finalizar la jornada para pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto. Este jueves volvió a decir a los jueces que es inocente.Finalmente, los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel darán a conocer la parte resolutiva de la causa este mediodía. Luego volverá a correr un plazo para presentar las apelaciones.
La investigación judicial
En septiembre de 2012, la revista ANÁLISIS de Paraná, a través de una investigación de Daniel Enz, puso a consideración de la opinión pública el caso Ilarraz. La edición periodística generó un cimbronazo en la sociedad y tuvo una repercusión internacional. Se abrió entonces una causa de oficio, por orden del procurador General Jorge García.La investigación judicial llevó casi seis años y uno de los puntos fuertes de la discusión entre las partes fue la prescripción de los delitos endilgados. Tanto es así, que actualmente la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Ilarraz.
Mientras tanto, el expediente llegó a juicio oral. El debate comenzó el 16 de abril de este año y se extendió por casi cuatro semanas. Frente a los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel pasaron más de 70 testigos, entre ellos las siete víctimas denunciantes y tres autoridades de la Iglesia Católica. Estos últimos declararon por escrito, tal como lo habían hecho durante la instrucción de la causa: Karlic, Puiggari y el obispo de Concepción –Tucumán–, José María Rossi.
