El empresario Rubén Darío Carruega, titular de la firma Transporte Carruega, difundió un escrito público en el que cuestiona el proceso mediante el cual la Municipalidad de Villa Elisa adjudicó el servicio de recolección de residuos a otra empresa. En el documento sostiene que la licitación habría estado direccionada en favor de su competidor y expone una serie de presuntas irregularidades que, según afirma, afectaron la transparencia del procedimiento.
La controversia se origina en la licitación pública Nº 001/2026, convocada por la municipalidad para contratar los servicios de recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), residuos verdes, chatarras y la gestión de puntos limpios en la planta urbana de la ciudad. El llamado, dispuesto mediante el decreto Nº 274/2026, tuvo su apertura de ofertas el 19 de junio.
Carruega, cuya empresa prestó el servicio hasta el último día de julio, comenzó su mensaje agradeciendo “todos estos años de trabajo y colaboración mutua” con el Estado municipal, aunque expresó su profundo malestar por el resultado de la licitación. En el escrito, sostiene que la adjudicación priorizó “una diferencia en términos administrativos del 3 por ciento” por sobre “más del doble del equipamiento y capacidad operativa instalada” que, según asegura, ofrecía su empresa.
Asimismo, afirma haber observado una “actuación irregular por parte de los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento licitatorio”. En ese sentido señala que, durante una reunión que debió solicitar formalmente por escrito, funcionarios municipales le habrían reconocido haber mantenido reuniones informales con el otro oferente antes de la elaboración del pliego y del llamado a licitación.
Según el empresario, esos encuentros derivaron en modificaciones sustanciales al pliego, entre ellas cambios en el sistema de prestación del servicio, una reducción de las exigencias de equipamiento y documentación, la posibilidad de depositar residuos voluminosos dentro del corralón municipal para su clasificación y la incorporación de nuevas tareas, como el barrido y la recolección de hojas sueltas en la vía pública.
Carruega también sostiene que debió solicitar aclaraciones formales sobre distintos requerimientos debido a lo que calificó como una descripción deficiente del pliego. A su entender, el documento “deja abierta la posibilidad de futuras modificaciones”, lo que podría derivar en ampliaciones presupuestarias con impacto en el costo del servicio.
En otro tramo del escrito, el empresario relaciona la actual contratación con antecedentes registrados entre 2014 y 2020, período en el que la misma empresa que ahora volvió a obtener la concesión también había prestado el servicio. Según afirma, durante esos años un funcionario municipal promovió, mediante decretos, modificaciones al contrato original, otorgando aumentos, alterando fórmulas de ajuste e incorporando nuevos servicios sin convocar a un nuevo proceso licitatorio.
Además, hace referencia a la licitación de 2020. De acuerdo con su versión, el mismo funcionario le habría manifestado, en una reunión formal, haber promovido la participación de la concubina de uno de los oferentes como tercera propuesta en aquel procedimiento. También menciona la intervención de ese funcionario en la venta de una máquina chipeadora a la Municipalidad de Viale, un hecho que, según indica, fue difundido públicamente.
En el cierre del documento, Carruega sostiene que estos antecedentes constituyen, “a mi entender, un conjunto de indicios serios y concordantes” que permiten inferir la existencia de “una presunta relación de colaboración tácita entre funcionarios municipales y la empresa privada beneficiada”, circunstancia que, según afirma, habría comprometido “los principios de igualdad, transparencia e imparcialidad que deben regir toda contratación pública”.
Tras conocerse el resultado del proceso licitatorio, Transporte Carruega dejó de prestar el servicio que venía realizando para la municipalidad y su titular decidió hacer público el documento con sus cuestionamientos.
