Una serie de pesquisas lograron determinar el rol de tres empleados municipales del área Tránsito, quienes exigían diferentes sumas de dinero a cambio de expedir las credenciales: llegaban a cobrar hasta 20.000 pesos por el trámite irregular, evitando los exámenes legales que generalmente se exigen.
La causa comenzó con una denuncia realizada en la Fiscalía, y con la autorización del juez Juan Carlín el sábado pasado se concretaron tres allanamientos y requisas domiciliarias, en las propiedades de estos agentes involucrados en la actividad ilegal.
Los procedimientos policiales terminaron con la incautación de diferentes elementos que utilizaban para la expedir las licencias, como equipos informáticos, de impresión, aparatos de telefonía celular y documentación.
Todo será peritado por áreas específicas de la fuerza de seguridad provincial, a fin de obtener información que será anexada a la causa judicial en trámite.
