En ese marco, aseguraron que la madre del niño cobró, a principios de septiembre, 588.983,56 pesos, y ratificó que “hace casi un mes que el afiliado y su abogado tienen a disposición el dinero para abonar a quienes atienden al pequeño”.
Así lo informó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, quien ratificó que “en resguardo de los escasos recursos de la Obra Social, del cuidado del sistema de Salud Pública, y de los casi 300.000 afiliados a Iosper, realizamos un estricto control previo a los pagos, en particular, cuando deben efectuarse en forma directa”.
Schmidt precisó que, el 8 de junio, la afiliada madre del niño con discapacidad presentó en la delegación de Iosper de Concordia documentación para reintegro con la que se abrió un Expediente Administrativo consistente en Facturación correspondiente a honorarios por sesiones:
-De Fonoaudiología (meses marzo y abril de 2018)
-De Terapia Ocupacional (febrero-marzo y abril de 2018)
-De Psicomotricidad en el agua (marzo y abril de 2018)
-De Acompañamiento Terapéutico (febrero, marzo y abril de 2018)
-De Cuidados de Enfermería (febrero, marzo y abril de 2018)
-Por Transporte (viajes que se hubiesen realizado para el traslado del afiliado a sesiones de: Terapia Ocupacional, Equinoterapia, Kinesiología Neurológica, Kinesioterapia Respiratoria, Psicomotricidad, Fonoaudiología, a la escuela, en febrero, marzo y abril de 2018)
-Facturación correspondiente a pañales (febrero, marzo y abril de 2018)
-Cuidador Domiciliario (febrero, marzo y abril de 2018)
-De Equinoterapia (febrero, marzo y abril de 2018)”
Judicialización de la salud
El funcionario explicó que esa documentación llegó acompañada por una sentencia judicial condenatoria, tras una Acción de Amparo dictada por el juez de Garantías de Chajarí, de fecha 12 de mayo de 2018, donde ordena a Iosper que brinde al menor la inmediata cobertura integral y gratuita (100 por ciento) de las prestaciones mencionadas, durante el período comprendido entre febrero y diciembre de 2018, a los valores indicados, mediante la modalidad de pago directo a cada uno de los prestadores.Schmidt aclaró que la misma documentación fue presentada en los meses de mayo y junio de 2018, en tanto en julio se repitió el día 19. “La documentación fue acompañada por la copia de la sentencia de amparo y el Certificado de Discapacidad expedido Iprodi el 20 de marzo de 2012, con diagnóstico de retraso mental, epilepsia y riñón poliquístico no especificado, con vencimiento el 20 de septiembre de 2018”.
