El descargo
Frente al libelo infamante, errático y equivocado del Colegio de Abogados de Concordia, es oportuno puntualizar algunas cuestiones conexas.No existen palabras o actitudes mías que me puedan endilgar constitutivas de ilícito penal alguno y la ridiculización social que afirman se concretó en cabeza del "uniformado" no reconoce su origen en mi accionar, directo ni indirecto, sino en la propia conducta y actividades del supuestamente afectado. Por ello atribuirme la ridiculización de las redes sociales, como sostiene Cabrera, conforme pruebas obrantes en mi poder es en absurdo, y obvio que no tengo la culpa que del ridículo no se vuelva.
El colegio de Abogados debe velar por la legalidad y juridicidad de todas las situaciones y, en particular, por la de sus colegiados y, sin embargo, apoya a quien violó abiertamente la normativa aplicable, contrariando lo resuelto con anterioridad por el Comité de Emergencia Provincial, el Colegio de Abogados de Entre Ríos y, obviamente, la Constitución Provincial y Nacional; ya que mi ingreso a Concordia estaba autorizado por normativa vigente a ese momento y que el involucrado debía conocer por su doble carácter de funcionario publico y abogado.
La plataforma fáctica que dio origen a todo esto debería investigarse de oficio por el fiscal en turno al momento del hecho, Dr. Fabio Zabaleta, quien lo está conociendo, dado que es una cuestión de orden público, a fines de evaluar la eventual comisión de un ilícito penal; sin perjuicio de que también deba juzgarse el proceder del "vigilante letrado" por el tribunal de Ética del Colegio de Abogados Central.
Hablan de solidaridad en pandemia y de situación especial por la actividad del "cobijado", pero no repararon en que el "solidarizado corporativo" me impidió, ilegalmente, el acceso a la ciudad, pese a que se le informó que me dirigía a una reunión urgente con médicos que me esperaban para interactuar en la continuidad de una clínica, situación que está reconocida como tema de política sanitaria en agenda del Ministerio de Salud de la Provincia, el mismo que aclaró que los residentes de Colón podían ingresar en el momento de los hechos que se investigan. Es decir, la solidaridad me la debieron dar a mí, que estaba ejerciendo la profesión de abogado y, sin embargo, inexplicablemente se la dieron al funcionario que realizaba incorrectamente una actividad totalmente ajena a nuestra profesión.
Dejo a salvo que el Colegio Central no tiene nada que ver con el libelo que respondo tal se me comunicó; así como tampoco los numerosos colegas que sí se solidarizaron con mi persona y que no comparten para nada la inentendible postura en la que se colocan un puñado de miembros de una comisión carente de representatividad de defender lo indefendible.
Esperemos que en el futuro inmediato mejore la calidad institucional del Colegio de abogados de Concordia y vuelva a funcionar, seguramente con otra gente, como en épocas en las que, sin estado de derecho ni democracia, reaccionaba altivo ante violaciones flagrantes de derechos de los colegiados y de la sociedad y se plantaba contra el poder arbitrario.
