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La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) abrió el camino para que una sociedad de la que forma parte el exsenador provincial, Mario Yedro (PJ), condenado en 2005 por enriquecimiento ilícito, pueda recuperar un campo de 2165 hectáreas en Durazno, departamento Tala, que le había expropiado la Justicia, como parte de ese fallo condenatorio y que ya fue escriturado a nombre del Estado entrerriano.

Con esa sentencia del fuero penal, confirmada en distintas instancias, la sociedad Del Rubio y Hunmendi SRL -que conformaron Yedro, su mujer y sus hijas- acudió con un recurso en el fuero civil con una acción de reivindicación: pidió ser incluida en el proceso por cuanto, aseguró, el campo expropiado a Yedro no pertenecía a él sino que formaba parte de esa sociedad comercial. La Fiscalía de Estado respondió la demanda y pidió que se declare la incompetencia del fuero civil en un asunto ya resuelto por el fuero penal.

La sociedad Del Rubio y Hunmendi SRL llegó a la Cámara de Casación Penal, tribunal que el 28 de septiembre de 2016 consideró mal concedido el recurso presentado por el abogado Daniel Aníbal Loggio. Disconforme con esa resolución, Del Rubio y Hunmendi SRL acudió a la Sala Penal del STJ, que ordenó que el tema se tramite en el fuero civil, como inicialmente había peticionado la empresa de Yedro, con lo cual el reclamo del exsenador vuelve a tener aire en la Justicia.

“Lo que la Sala Penal ordenó es tramitar en el fuero civil la acción de reinvidicación. Se trata de una cuestión de competencia. No implica la restitución del campo a Yedro”, dijo una fuente consultada. Sin embargo, esto supone abrir un caso que parecía cerrado: el Estado ya tomó posesión del campo decomisado a Yedro, construyó un complejo de 50 viviendas y ya las entregó para su utilización por parte de la Policía, y además lanzó un plan productivo para productores de la zona.

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Vaivenes de la causa
El 22 de diciembre de 2005, un tribunal de Concordia halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito al exsenador Yedro, y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de $90.000, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de esa propiedad que recién pasó al Estado en el año 2011. El exsenador batalló cuanto pudo para retener su propiedad, y por eso se ganó una segunda causa en su contra: por usurpación.

Un juez de primera instancia y un tribunal lo condenaron a cumplir una condena efectiva de 4 años y 6 meses en la cárcel, pero Yedro fue recurriendo esas sentencias por distintas vías, hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le cerró ese camino, y lo obligó a cumplir la condena. Pero el encarcelamiento duró hasta diciembre de 2017: desde entonces está con libertad condicional, mucho antes, claro, de que se cumpliera el plazo de la condena de 4 años y 6 meses que le habían aplicado en marzo de 2016.

En septiembre de 2010, Yedro, que siguió explotando el campo que la Justicia le había decomisado, reclamó que le devolviesen esa propiedad. Lo hizo a través de un recurso judicial que se conoce como “acción reivindicativa”, que presentó ante el titular del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala, Gastón Agotegaray. El argumento de Yedro es que la Justicia lo condenó a él por enriquecimiento ilícito, pero terminó condenando a un “tercero”, la sociedad Delrubio y Hunmendi, propiedad del campo en litigio.

La sociedad Del Rubio y Hunmendi estaba integrada entonces, además del exsenador, por sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte del consorcio en 2003, tras la separación de Yedro de su esposa, Silvia Torres. Esta última cedió a sus hijas –en forma gratuita, claro– su participación accionaria. El 3 de abril de 2003, y ante escribano público, Yedro y Torres, hicieron el reparto de bienes; el mismo día y ante el mismo escribano, Daniel Corsini, la mujer donó a sus hijas su participación accionaria en la empresa.

Para la Justicia, la compra de aquel campo en Distrito Raíces Norte, departamento Tala, sumado a la compra de un predio de 91 hectáreas en Puerto Yeruá, departamento Concordia, y la apertura de una cuenta bancaria en la República Oriental del Uruguay, constituyeron actos de “enriquecimiento ilícito insuficientemente justificados” por cuanto ocurrieron en forma contemporánea al ejercicio de cargos públicos en el Estado. Yedro fue concejal justicialista de Concordia al inicio de la recuperación democrática, en 1983, y luego senador provincial durante dos períodos, coincidentes con la primera y la segunda gobernación de Jorge Busti: entre 1987 y1991, y entre 1996 y 1999.

Ahora, las hijas de Yedro se aparataron de la empresa familiar. Según un edicto publicado el 6 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial, Fátima Yedro, Luciana Yedro y Lara Yedro cedieron “la totalidad de sus cuotas sociales” que tenían en la empresa Delrubio y Hunmendi. Dice el edicto: “En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los 25 días del mes de agosto de 2018, siendo las hs. 10:00 se reúnen los socios de Del Rubio y Humendi S.R.L., y las socias cedentes Fátima Yedro, Luciana Yedro y Lara Yedro, quienes ceden la totalidad de sus cuotas sociales, atento al siguiente detalle: La socia Lara Yedro cede sus 210 cuotas sociales de un valor de pesos doscientos ($ 200) cada una; al socio Mario Alberto Yedro. La socia Luciana Yedro cede sus 210 cuotas sociales de un valor de pesos doscientos ($ 200) cada una; al socio Mario Alberto Yedro. La socia Fátima Yedro cede 130 cuotas sociales de un valor de pesos doscientos ($ 200) cada una; al socio Mario Alberto Yedro y 80 cuotas sociales al socio Gustavo Berezagá”. De ese modo, el capital social “es de pesos quinientos treinta y cinco mil ($ 535.000), dividido en dos mil seiscientos setenta y cinco (2675) cuotas de pesos doscientos ($ 200) cada una, valor nominal y de un voto cada cuota, de las cuales suscriben el socio Mario Alberto Yedro la cantidad de dos mil quinientas noventa y cinco (2595) cuotas que importan pesos quinientos diecinueve mil ($ 519.000) y el socio Gustavo Gabriel Berezagá, la cantidad de ochenta (80) cuotas que importa pesos dieciseis mil ($ 16.000), que se encuentran integradas en su totalidad”.

Ya antes Yedro había decidido otros movimientos en su firma. El Boletín Oficial del lunes 22 de octubre publicó dos edictos de la firma Del Rubio Hunmendi SRL, que integra el exsenador junto a sus tres hijas -Fátima Yedro, Lara Yedro y Luciana Yedro-: Daniel Ariel Quintana dejó su cargo de gerente de la empresa, que ahora pasó a ser comandada por el propio Yedro. La otra decisión adoptada fue la mudanza de la sede empresaria: el cambio de domicilio de la sociedad a la zona rural de Guardamonte, en el departamento Tala.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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