La audiencia del martes 28 de julio en los tribunales de Concordia, aunque centrada en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Gustavo Bordet, derivó en cuestiones medulares respecto del funcionamiento del Poder Judicial.
Fue la defensa del exmandatario y actual Diputado Nacional, ejercida por el Doctor Jorge Romero, la que, al momento de formular agravios, terminó introduciendo dos polémicas: el alcance de la labor de la Fiscalía, por un lado, y los plazos razonables en que debería llevarse a cabo, por el otro.
Romero criticó con extrema dureza al fiscal José Arias, acusándolo de “salir de pesca”, intentando abrir los teléfonos de Bordet y de su esposa, la Diputada Provincial Mariel Ávila, para ver si encuentra algún otro delito, porque “no le cierran los números” para imputarlos por enriquecimiento ilícito.
El defensor ventiló además detalles de los allanamientos a las viviendas del matrimonio, que, a su entender, revelan la “saña” y falta de objetividad con la que procede Arias, a quien formalmente recusó.
“Tendría que haber visto su Señoría la minuciosidad con la que se procedió al allanamiento...", se escuchó decir a Romero.
Minutos después, Arias justificó su trabajo: “Se hizo un allanamiento, no una constatación de vivienda. Dicho sea de paso, jamás se me hubiese ocurrido divulgar los detalles que la propia Defensa divulgó sobre el desarrollo de ese acto procesal, exponerlo de tal forma al exgobernador y a la diputada Ávila. Es un acto que se realiza porque es parte de la labor y el desarrollo propio de un allanamiento y requisa personal”.
Más allá de las miradas de ambas parcialidades, defensa y acusación, el juez Aníbal Lafourcade consideró necesario pronunciarse, desde el lugar de imparcialidad que tiene el deber de ejercer. Durante varios minutos, con un estilo pausado, recordó para qué esta, para qué existe el Ministerio Público Fiscal, del cual formó parte varios años atrás, antes de ser designado juez.
“La defensa dice que el fiscal sale de pesca, como que anda con caña de pescar a ver qué toma. El desarrollo de la tarea, el cumplimiento de sus obligaciones –explicó el magistrado-, es hacer un allanamiento y revisar todo, todo. Es la obligación del fiscal. No puede entrar a una casa y mirar la decoración, mirar cómo viven, hacer comentarios valorativos de la decoración e irse. Tienen que revisar todo. Los fiscales cumplieron con su trabajo. Eso no es pesca. Analizar el teléfono de cualquier persona sospechada de un delito, todo el teléfono, no es pesca. Analizar si el contacto que dice “Mecánico”, es el mecánico o es un cómplice. Por eso es que se baja toda la información. Eso no es pescar. Eso es investigar. Eso es cumplir acabadamente con el rol. Una sociedad no puede tener un órgano acusador sonso que ande mirando para arriba. Tiene que mirar todos los rincones”.
Y concluyó: “Se allanó, se revisó y el fiscal explicó que encontraron mobiliario costoso, aproximadamente 20 mil dólares. No es una prenda de vestir. ¿Cuál es la función del fiscal? Investigar es ir tirando. Eso no es pescar”, insistió.
El plazo razonable y los “casilleros” del juego de la Oca
Aníbal Lafourcade tampoco eludió otro asunto espinoso que sobrevoló gran parte de la audiencia: los plazos razonables en la justicia y, en especial, en la investigación fiscal.
También fue Romero quien hizo punta. “Si bien este expediente tuvo apertura de causa hace dos años, el 20 de febrero de 2024, no hay imputación”, reprochó. Y en otro momento, tras condenar que medios como El Entre Ríos, Diario Junio y Análisis accedieran a datos sobre la marcha de la investigación y los publicaran, aseveró: “No se debe olvidar que acá no hay imputados, y aunque los hubiera, hasta que no haya sentencia firme rige el principio de inocencia, lo que no parece importarle al fiscal José Arias”.
“Así como hice notar en un principio que esta investigación lleva dos años y medio sin que haya imputados”, reiteró minutos después, y de inmediato se explayó en lo que, a su entender, debería ocurrir: “por el tipo de delito, se le debe correr traslado a los sospechados que se considera podrían haberse enriquecido ilícitamente en la función pública, para que justifiquen o no justifiquen los bienes que va a determinar la Fiscalía, que considere son de sospechosa adquisición o tenencia. El sospechado presentará su descargo contable, sus comprobantes, y a partir de ahí el fiscal decidirá si imputa el delito. Pero acá se está actuando como que mi representado ya fuera culpable”.
Arias recogió el guante: “Acá el doctor Romero pretende que ya llame a declaración de imputados y que me apure con las imputaciones, pero resulta que hay exhortos a Uruguay en trámite, hay análisis en la UIF en trámite, análisis de los patrimonios de diversas personas, y también surgió todo esto de Carubia y Gruppa SRL, que es lo que no está en blanco. No se puede en esta etapa imputarle la propiedad de la pinturería, pero no podemos dejar de investigar esa línea”.
Como había ocurrido respecto del rol del fiscal y los alcances de los allanamientos y requisas, también el juez Aníbal Lafourcade consideró necesario pronunciarse. Sin vueltas, se lo escuchó decir:
“En cuanto al plazo razonable, el fiscal ha explicado –y no fue negado por la defensa- que ha pedido información internacional. Pero, más allá de ello, nótese: hace cuatro meses que están en el mismo casillero. Es decir, avanzaron, y luego dijeron ‘vuelva al casillero de abril’. Estamos hoy como en abril. Cuatro meses por un incidente que, si bien las consecuencias no son menores, procesalmente es menor”.
Y prosiguió: “Entonces, el plazo razonable… ¿cuánto tiempo tiene la Fiscalía para investigar? Me pregunto si es una actitud responsable de la fiscalía imputar al vuelo, o tiene que investigar y ver qué pasó”.
Cuando Lafourcade era fiscal
Algún memorioso puede que asociara estas expresiones del Vocal de Juicio Aníbal Lafourcade en la audiencia del martes último con declaraciones públicas que formulara muchos años atrás, cuando fuera fiscal y encarara la investigación de la denominada Causa Codesal – Hotel Ayuí.
En abril de 2016, el entonces integrante del Ministerio Público Fiscal, sin tapujos, definió como una “carrera de obstáculos” a la tarea de investigar la corrupción. “Lo más complejo que hay hoy en día para un fiscal en Entre Ríos –agregó- son los delitos contra la administración pública. Son muy, muy, muy difíciles de investigar, porque la prueba, muchísima prueba, está dentro de los organismos públicos que uno está investigando”.
Y ejemplificó: “uno libra un oficio a una oficina pública importante o un ente público, ese ente le dice que le pide a otro, y este otro al que uno le libra el oficio responde que no, que quien tiene que contestar es el primero. Para eso pasa un año, dos años, ¿me entiende? Es muy complejo, muy cansador”.
En aquella entrevista de 2016, Lafourcade hizo otra aseveración que bien puede ligarse a lo ocurrido en la audiencia del martes último: “Las garantías están para todos. No porque uno crea que una persona es culpable se van a hacer las cosas más rápido”.
Por último, también en el contexto de aquel lejano 2016, el entonces fiscal explicó: “Nosotros tenemos un mandato del Procurador para que se hable con la prensa, porque aparte somos empleados públicos. En otras causas se dan detalles, pero hay investigaciones donde no se los puede dar. Pero que no se puedan dar detalles no quiere decir que no podamos dar la cara”.
