Así, puso de relieve el beneficio otorgado por la jueza de Garantías de Colón, Natalia Céspedes, quien concedió su prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, medida que fue confirmada por la Sala Penal de Concepción del Uruguay a cargo de la vocal María Evangelina Bruzzo, donde también recibió un revés a los riesgos procesales de fuga planteados en su apelación. “Por supuesto que genera un sentimiento de frustración, dado que esto conspira contra el normal desarrollo del proceso, justo cuando nos encontramos en etapas previas a un Juicio por Jurado”, manifestó Perroud a poco de conocerse la noticia.
¿Por qué estaba en la casa?
El 28 de diciembre fue una fecha clave para los seis imputados por el hecho ocurrido el 25 de mayo de 2020 en la casa del ingeniero y productor ganadero Pascual Enrique Viollaz (80), que tuvo lugar en la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón). “En esa oportunidad, se había dispuesto la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para cuatro de los imputados y la libertad con caución, con algunas medidas, respecto de otros dos”, recordó el fiscal Perroud.
Por un lado, se otorgó la libertad a Mario Ricardo González (49), domiciliado en Concepción del Uruguay; como así también a Raúl José Granton (72), residente en colonia El Pantanoso, cerca de Villa Elisa. El resto, quedó con prisión preventiva domiciliaria: Luis Sebastián Herrlein (40), oriundo de Concepción del Uruguay; Juan Carlos “Maneco” Castro (56), con domicilio en Colón; Rosendo Larroza (44), de “la histórica”; Andrea Elizabeth Amaro (25), de Colón. “Esa medida se apeló, pero la Sala Penal de Concepción del Uruguay la confirmó”, continuó el representante del Ministerio Público Fiscal.
En febrero, “en oportunidad de celebrarse una nueva audiencia, se prorrogaron esas medidas hasta la fecha en que se celebre el juicio”, cuya causa fue remitida la última semana a Juicio por Jurado.
Riesgos procesales
Perroud había dejado planteado el riesgo de fuga, primero ante el Juzgado de Garantías de Colón y, posteriormente, en su apelación presentada a la Sala Penal de Concepción del Uruguay.“Lo que planteamos, en ese momento, era que había indicios que hacían temer que en caso de que estos cuatro imputados permanezcan con prisión domiciliaria, aún con el monitoreo de una tobillera electrónica, pudieran fugarse”. Uno de los argumentos que se esgrimió en esas audiencias, por parte de la Fiscalía, “fue la proximidad del Juicio por Jurado, como corolario de una investigación exitosa, que había llegado a su fin reuniendo suficientes elementos como para ir a juicio”, lo cual hacía necesario “extremar los recaudos para evitar que se concrete ese riesgo procesal que indiqué, que era el peligro de fuga”.
“Si bien al inicio de la investigación se practicaron diferentes allanamientos, en ninguno se pudo recuperar cantidades significativas de dinero, lo que hacía suponer que pudiera haber parte de ese dinero oculto y disponible para los imputados o para alguno de ellos, que pudiera facilitar no solamente la fuga sino también el hecho de mantenerse oculto”. También, “teniendo en cuenta la pena en expectativa que les podría caber, en caso de ser encontrados culpables, que tiene un máximo de 25 años”, añadió el fiscal como fundamento.
