El exgobernador Urribarri fue condenado, el 7 de abril de 2022, en el megajuicio que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y ese día, a 8 años de cárcel. La abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas.
La defensa de Urribarri, en la voz del abogado Raúl Barrandeguy, reprochó aquel fallo. “Para llegar a la sentencia, el tribunal, inexplicablemente, ha tomado la acusación fiscal y, repitiendo a carbónico hasta en el mismo orden las conclusiones acusatorios del Ministerio Público Fiscal, termina condenando a Urribarri en un contexto de gran arbitrariedad y gran injusticia”, opinó Barrandeguy. De ese modo, puso en severa tela de juicio la condena que firmó en 2022 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón.
Entonces, la defensa acudió en apelación a la Cámara de Casación Penal, que el 30 de mayo último confirmó las condenas, y rechazó, además, el recurso de casación. Los defensores insistieron y plantearon una impugnación extraordinaria para que el caso sea revisado por la Sala Penal del STJ. Pero ese camino fue denegado en un fallo que firmaron este viernes 25 las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Casación no halló argumentos valederos para dar cabida a los reproches. Y dijo que “las Defensas Técnicas de los imputados, incurren todas ellas en el mismo vicio argumentativo: reiteran una vez más -ahora bajo el ropaje de requisitos sustanciales para la impugnación que pretenden- argumentos que formularan, algunos textualmente idénticos, contra la sentencia del Tribunal de juicio, pero ahora en contra de la pieza dictada por esta Sala de Casación”.
“Ello da cuenta, en un primer nivel de análisis, de que los recurrentes pretenden adscribir la calidad de arbitraria a la sentencia de esta Cámara, en base a supuestas omisiones de tratamiento de planteos defensivos”, dijeron las juezas, y agregaron: “Sin embargo, ello resulta ilógico, a la vez que llamativo, toda vez que de sus extensos memoriales, de manera contradictoria alegan que sus planteos no fueron analizados por esta Cámara, y a la vez, que la revisión casatoria incurrió en interpretaciones equivocadas (sin esgrimir motivos nuevos que den cuenta de ello), o en reiteraciones de los argumentos de la sentencia de grado (sin explicar por qué las interpretaciones que las Defensas propugnan, contrarias a las de la sentencia, deberían prevalecer); a su vez, pretenden cuestionar como insuficiente, inadecuada o aparente la motivación dada en la sentencia de esta Cámara, pero sin aportar ningún elemento crítico contra sus fundamentos, que no haya sido planteado en los recursos o incluso, en las extensas jornadas de audiencias realizadas en esta instancia”.
Las condenas, el fallo
La información hallada dentro de un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas.Ese disco rígido, denominado por la Fiscalía como “la caja negra” de la corrupción, fue analizado por los técnicos del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, Fernando Ferrari y Guillermo Fritz, y volcado en sucesivos informes. “Evidentemente -señaló el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná al dar a conocer las condenas- los archivos y correos electrónicos exhibidos y leídos por el ingeniero Fritz en el debate, corroborando sus informes técnicos, como los mensajes de texto y audios de WhatsApp y mensajes de SMS que exhibió y proyectó durante el juicio el ingeniero Ferrari también en confirmación de sus informes, confluyen para conformar una base probatoria categórica y objetiva a los efectos de acreditar la existencia material del suceso y la autoría y/o participación atribuida a los imputados, por cuanto (…) el contenido de la información de esos archivos permiten reconstruir cada uno de los extremos y circunstancias que postula el Ministerio Público Fiscal en su acusación, en mérito a que vinculan a los protagonistas de este proceso y han sido reconocidos en su mayoría por testigos y algunos de los imputados”.
A la instancia el megajuicio se había llegado luego de la decisión adoptada por la Justicia el 13 de agosto de 2020 cuando resolvió agrupar las tres grandes causas contra Urribarri en un solo expediente y así dar lugar al megajuicio: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
