El miércoles pasado, la Cámara Penal de los tribunales locales hizo lugar a una acción de amparo promovida por los abogados Darío Carraza, Julieta Carraza y Darío Chesini, luego de una exposición del Foro Ambiental Gualeguaychú contra el Estado municipal.
La resolución del vocal Mauricio Derudi indicó que el Ecoparque expone un funcionamiento “irregular e ilícito”, al no disponer de los certificados de aptitud ambiental exigidos por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y el que utiliza está vencido desde 2014.
Además de enumerar varias anomalías, como el escurrimiento de líquidos contaminados con los desechos de los residuos, el fallo señala un daño inminente en el ambiente e intima a la municipalidad a realizar las obras y controles necesarios para evitar contaminar las napas y el arroyo “El Cura”, aledaño al relleno sanitario. En ese sentido, el funcionario municipal admitió: “No voy a omitir hablar del resultado del amparo ni dejar de reconocer que el fallo al amparo del Ecoparque debemos aceptarlo abiertamente. Bienvenido entonces cualquier juez que, ante la duda -y vaya si las tiene en sus considerandos- se defina políticamente por defender el ambiente. Lo digo, más allá de disentir (en algunos párrafos de manera irreconciliable) con los argumentos que emplea el juez Derudi para fundamentar conclusiones que, en gran medida, comparto”.
Luego, Britos contrastó que se trata de un fallo que “en su resolutorio, establece que hay que obtener la renovación del certificado de aptitud ambiental cuanto antes; sin dudas coincidimos (queremos volver a ser el único municipio con un Ecoparque en regla administrativamente y obtener nuevamente el CAA, y para eso trabajamos hace 5 años incansablemente), y también hay que mejorar el manejo de los lixiviados; nuevamente como gestión, coincidimos”. Conclusión: “Compartimos el resolutorio del fallo judicial. Esto es éticamente inapelable. No obstante la apelación que pueda caer por las deficiencias técnicas del fallo”.
Luego, formuló una serie de críticas al Foro Ambiental Gualeguaychú y a los abogados denunciantes en la causa, adjudicándoles motivaciones de índole político y que “defienden la línea ambiental que como bandera hemos defendido como gestión en la causa de las pasteras, de Amarras, de la prohibición del Glifosato y en cualquier otra cruzada que hayamos emprendido bajo el único sentido de proteger nuestro ambiente y nuestra calidad de vida”.
