Es en parte por eso que el Juzgado Federal de Concordia solo existe en papeles.
El intendente, Alfredo Francolini, sorprendió hace unos días al admitir que “todavía no se empezó a trabajar” en el edificio donde funcionará el nuevo juzgado federal y seguramente las obras no comenzarán este año, lo que retrasará aún más la puesta en marcha de la nueva estructura.
La creación del Juzgado Federal de Concordia se aprobó el 28 de octubre de 2010, asignándole una competencia territorial sobre los departamentos Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano. La Ley Número 26.638 le asigna una competencia vital considerando que tiene una ubicación estratégica sobre un tramo del corredor de la ex Ruta Nacional 14 para la investigación de delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, y también causas de lesa humanidad. Por esa incidencia es que en el proyecto de reforma judicial que tiene media sanción de la Cámara de Senadores se prevé la creación de un nuevo juzgado en materia penal.
En 2015 fue designada como fiscal María Josefina Minatta, que se desempeña interinamente en Concepción del Uruguay; en 2017 fue designado Mauricio Gabriel Zambiazzo como defensor; y en 2018 juró como jueza Analía Ramponi.
Pero todavía existe un obstáculo insalvable: el edificio no está en condiciones.
En 2017, durante la gestión de Enrique Cresto, la Municipalidad de Concordia cedió en comodato al Consejo de la Magistratura el edificio del ex Policlínico Ferroviario, ubicado en calle Carriego 274, y los técnicos del organismo nacional elaboraron un anteproyecto para la remodelación del inmueble de dos plantas y con una superficie total de 1.226,97 metros cuadrados.
La ejecución de la obra correrá por cuenta de la Municipalidad de Concordia, con un presupuesto estimado sobre una lista de precios de octubre de 2019 en 22.493.418,31 pesos, que asumirá el Consejo de la Magistratura, y la empresa que resulte contratada tendría 120 días para realizar los trabajos.
En una entrevista con el programa En el dos mil también (FM Litoral), Francolini explicó que el año pasado se elaboró un pliego con las bases y condiciones para la refacción del ex Policlínico Ferroviario de Concordia, “pero los montos quedaron en desigualdad de condiciones para poder desarrollar el proyecto y al día de hoy la diferencia de costos de construcción es abismal, por lo que es necesario hacer un nuevo llamado a licitación o una readecuación de aquel presupuesto”.
De acuerdo con las estimaciones que hace todos los meses el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos, el precio de la construcción por metro cuadrado aumentó un 24 por ciento entre octubre de 2019 y julio de 2020 (último mes que se calcula).
Los problemas edilicios se repiten en varios puntos del país y representan, probablemente, las necesidades más urgentes en la justicia federal. En Paraná, sin ir más lejos, la obra de refacción y restauración del ex edificio del Comando de la Segunda Brigada Blindada está paralizada desde hace varios meses.
En octubre de 2019, el Consejo de la Magistratura declaró la “emergencia en materia de infraestructura edilicia en las dependencias del Poder Judicial de Nación” por el período de un año, a partir de un pedido realizado por el gremio que agrupa a los empleados judiciales de la nación, ante el “alarmante deterioro edilicio” y la “falta de insumos”.
En ese momento, el Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el manejo de los recursos económicos destinados al Poder Judicial, planteó que durante el año que dure la emergencia se llevarían adelante “obras de construcción, refacción, remodelación y/o ampliación de los inmuebles para solucionar esas deficiencias y necesidades”. Pandemia mediante, la situación esa la misma un año después.
