“Teniendo en cuenta que se pidió una prórroga y que hay intenciones de trabajar en un otro articulado con mayor consenso, solicito que pase a archivo y aguardar la presentación de uno nuevo para abordar en conjunto”, fue la moción del edil Daniel Cáceres (Juntos por el Cambio), que contó con el apoyo unánime del cuerpo.
La iniciativa, que ingresó a fines de 2022, había sido elaborada por el directorio de la Caja a partir de un estudio encargado a una consultora, cuyo diagnóstico sirvió de base para proponer una serie de modificaciones con proyección a 30 años.
“Abrupto, apresurado y antidemocrático”
Una nota firmada por unos 90 afiliados y beneficiarios de la Caja, quienes solicitaban la prórroga del tratamiento del proyecto en el Concejo elisense, fue lo que terminó decantando por su archivo.“Muchos de nosotros recién tomamos conocimiento el 15 de mayo que ya se había presentado una propuesta de reforma del régimen que actualmente nos regula, sin siquiera haberse consultado o informado a los afiliados activos y pasivos”, comienza diciendo.
Sumidos en “una gran indignación” y “descontento”, sostuvieron que se trató de un accionar “abrupto, apresurado, antidemocrático y carente de representación de la totalidad de los presentes en la reunión y los que aquí suscriben” por parte de sus directivos.
Al manifestarse en “desacuerdo” con que “el tratamiento sea realizado sin nuestra debida intervención y efectivo conocimiento”, plantearon que “afecta directamente a todos los afiliados de la Caja al verse alterada la edad jubilatoria, la cantidad de años de servicio y aportes efectivos que debemos prestar, el porcentaje que en concepto de aportes nos será descontado, la fórmula utilizada para cuantificar el haber jubilatorio, entre otros”. “No solamente tal reforma afectaría a la totalidad de los afiliados activos y pasivos de la Caja, sino también al municipio en sí, quien verá recargadas sus cargas patronales de la seguridad social, como así también deberá abonar salarios a un gran número de personas por varios años más de los que actualmente abona y en montos considerablemente altos por la antigüedad que los empleados gozarán en sus cargos”, hicieron notar.
Por otro lado, consideraron que las reformas propuestas “no hacen más que emparchar momentáneamente un problema financiero que en los próximos años nos volverá a aquejar por no resolver el asunto de fondo, que es procurar ingresos a la Caja por fuera de los aportes de los afiliados y contribuciones del municipio, que la hagan subsistir en forma independiente”.
En ese entendimiento, insistieron en que “de ninguna manera resulta urgente la reforma pretendida, ya que hoy en día la Caja no se encuentra próxima a su insolvencia (conforme se desprende de sus haberes), lo que no quiere decir que no debamos ocuparnos del asunto pero sí que modificar dicho régimen sin la pertinente participación de los principales interesados y afectados, sería un acto apresurado y antidemocrático”.
“Máxime cuando existen otras formas y medios menos violentos a los derechos de los empleados y jubilados y más efectivos y beneficiosos para todos los directa o indirectamente afectados, que permita brindarle una solución a la problemática de mayor eficiencia”, agregaron luego.
Resistencia en ambos sindicatos
No solamente las 90 firmas de afiliados y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones hicieron caer el proyecto de ordenanza. A poco de iniciarse el debate, el Sindicato Empleados Municipales de Villa Elisa (SEMVE) había hecho saber su “desacuerdo” y “preocupación” por la posible reforma del régimen previsional “sin que se nos haya escuchado, por ser nosotros -los trabajadores y jubilados-, los principales afectados”.
“Tal ordenanza generaría gran perjuicio para los trabajadores al verse afectada la cantidad de años de servicio que debemos prestar, como también el porcentaje que en concepto de aportes nos será descontado”, sostenían, frente a la idea de extender e igualar la edad jubilatoria de hombres y mujeres en 65 años. Por su lado, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Villa Elisa (AOEMVE) también había rechazado las modificaciones propuestas al régimen de jubilaciones, planteando que el proyecto “afecta expresos derechos” de sus afiliados.
“A nuestro juicio, vulnera los derechos adquiridos de los afiliados, entendiendo por tal aquellos que entran en forma definitiva en el patrimonio del afiliado, están consolidados y su disfrute se confirma cuando el afiliado recibe de manera efectiva su beneficio previsional derivado de una disposición legal, situación jurídica que se encuentra consolidada cuando el afiliado cumple con los requisitos fijados al amparo de la legislación vigente, aunque aún no haya disfrutado de esa condición o beneficio”, argumentaron.
