En este caso, advirtieron que se trata de una construcción que tiene como fin secar una zona para sembrar pasturas para ganado. “Si bien se presentó el estudio de impacto ambiental, no llegó a culminarse el proceso, dadas las intervenciones de organismos específicos”, detallaron en alusión a la Dirección de Hidráulica, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua y la propia cartera ambiental.
Según los decretos 4977/09 y 3498/16, que regulan todas las actividades susceptibles de generar bajo, mediano o alto impacto ambiental, “no pueden iniciarse hasta obtener el correspondiente certificado que el gobierno provincial otorga luego de revisiones técnicas, jurídicas y por parte de las comunidades potencialmente afectadas”, instrumentándolo mediante procesos de participación ciudadana.
Además, en el año 2019 se promulgó la ley 10.671 que declara “área natural protegida” a humedales e islas del ejido de Victoria. La Dirección de Áreas Naturales Protegidas, puesta en funciones recientemente dentro de la Secretaría de Ambiente, es el organismo técnico que se encarga del cumplimiento de esa norma, en conjunto con otras áreas y organismos, para abordar la complejidad de los territorios, indicaron.
En este caso, “se actuó bajo lo previsto en la ley 10.479, que establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, considerando el incremento de las restricciones a los valores de parámetros ambientales fijados para la realización de estudios de impacto ambiental, en caso de iniciativas de infraestructura o de desarrollo que las requieran”. De modo similar, recordaron, “se procedió oportunamente en la Isla del Puerto, Departamento Uruguay (Ley 9718)”.
El procedimiento pudo ser llevado a cabo gracias a la información aportada al organismo de imágenes aéreas y videos, y la asistencia de la Brigada de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, informaron.
