La defensa fundamentó su pedido de que pudiera volver a su hogar en la situación socio- económico actual, y su estado de salud, “al ser insulinodependiente y no haber cumplido el Estado Provincial con la sentencia precautelar de fecha 11/12/2025 por la que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay Nº1 ordenó el reintegro de los haberes mensuales que le eran retenidos desde el mes de septiembre de 2025 y la suspensión del art. 4 del Decreto que ordena el Sumario Administrativo por faltas injustificadas que disponía la suspensión del pago de sus haberes”, mencionaron.
“Todo esto lo pone a Lima en un estado de total vulnerabilidad, sin la protección necesaria para poder tener acceso a una vivienda digna durante el tiempo en que se sustente la causa y a un servicio de salud como aportante de OSER”, expresó su abogada defensora.
“La Provincia está incumpliendo una orden judicial de reintegro de haberes y a la fecha le adeuda 7 meses como agente de planta permanente de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, con 28 años de antigüedad. Esto repercute en su situación procesal y en su salud, ya que, al no abonarle sus haberes, tampoco puede acceder a OSER y con ello a la insulina diaria que necesita para vivir”, dijo luego.
Además, Petit mencionó: “Logramos un fallo que le concede la libertad, con restricción de acercamiento y normas preventivas, y estamos luchando para que el Estado Entrerriano cumpla con una orden judicial, lo que es totalmente reprochable desde el punto de vista jurídico y humano”.
Lima se encuentra imputado por amenazas y amenazas coactivas contra una vecina a su domicilio y al Intendente Francisco Azcué por redes sociales, la primera denuncia el 4/01/2026 y la segunda del 18/01/2026 luego de que la Policía departamental en un barrido informático hiciera conocer las palabras de Lima hacia el Intendente Azcue, y éste, por ese hecho, realizara una denuncia.
