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Sin dar a conocer su nombre por “temor a represalias”, un empleado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) hizo explosivas declaraciones al diario Clarín, tras la fatídica muerte de Víctor “Chicha” Barreto (8) en el basural de Paraná.

“Hay cientos de potenciales Chichas en Paraná y miles en Entre Ríos. La estructura de contención colapsa y el Consejo del Menor no sólo no da abasto, sino que no tiene gente con compromiso, empleados idóneos ni suficiente personal. Encima, la gestión de las autoridades brilla por su ausencia. Lo que pasó con Chicha Barreto produce un dolor terrible pero, honestamente, no sorprende”.

El Copnaf fue el organismo oficial que le quitó la guarda de “Chicha” a su tía Virginia Barreto, con quien -al parecer- había vivido dignamente durante dos años, para restituírselo a Norma Cabrera, su progenitora, quien lo había abandonado tiempo atrás. “Cuando digo que no hay personal idóneo en el Copnaf -continúa el empleado anónimo- es que no hay psicólogos ni asistentes sociales suficientes que atiendan los requerimientos de los menores. Yo, siendo un celador, lo que hoy se denomina promotor de derechos, tuve que entrevistar a una chica abusada sin saber el protocolo de abordaje integral para casos como ése”.

En casos como el de “Chicha”, “el Copnaf se abre de gambas, más bien no se mete, prefiere que el nene esté con la madre, sin importarle la
situación de esa madre”, según la misma fuente.

Y continúa: “¿Vos te creés que el Consejo sabía cómo vivía Chicha? ¿Vos te creés que el Consejo sabía que su madre era una adicta perdida? ¿Alguna vez se tuvo en cuenta a la tía de Chicha, que lo contenía y le brindaba una vida digna a ese nene? ¿Alguien se le acercó al nene para preguntarle? Nada de nada”.
Mirada judicial del caso
Una persona con importante influencia en el Poder Judicial, que también permanece bajo el anonimato, reforzó los dichos de este empleado del Copnaf.

“Es alarmante la falta de seguimiento de parte del Copnaf, porque el sistema está saturado y porque hay mucho empleado estatal que trabaja en piloto automático, sin compromiso, que no pisa la calle, que no conoce el territorio. Los legajos como el de Chicha se cajonean y estos chicos quedan a la buena de Dios”.

Como integrante del fuero judicial, opina que “la premisa del Copnaf es apuntar a la protección integral del niño, que son en primera medida los padres. Salvo alguna situación extrema, se prioriza la guarda de los padres lo cual es una hoja de doble filo, porque queda implícito que el/la niño/a va a estar bien, o al menos va a ser querido. Pero el nuevo Código Civil habla de ‘cuidado del niño, no sólo tenencia’. Y el caso de Chicha es un fiel exponente de esta situación”.

Remarca esta persona de leyes que “en el Copnaf hay gente que sí trabaja bien, hay psicólogos, asistentes sociales muy profesionales, pero son pocos y cobran un sueldo muy bajo para el trabajo que desarrollan, por lo que los termina comiendo el sistema. Para lo que pasó con Chicha debió haber aplicarse lo que se denomina medida de protección excepcional, que es al que se llega tras un plan de acción que hay que realizar en el territorio. Pero no se hizo”.

Son muy pocos los casos que se judicializan: “Por lo general son los que llegan para aplicarse esa protección excepcional, que es cuando se institucionaliza al menor, que es la última instancia para el Copnaf. La tía de Chicha pudo haber hecho todas las denuncias en el organismo, pero llegan y mueren allí, como el caso de Chicha, quien por su extrema vulnerabilidad debió volver con su tía o, en su defecto, ser institucionalizado”.
ONG reclama “territorialidad” al Copnaf
Desde la “Suma de voluntades”, que trabaja a sol y a sombra para paliar la vulnerabilidad de los menores en Paraná, enfatizan “la evidente falta de territorialidad del Copnaf, que no sabe o no puede profundizar en la vida de los menores y de su entorno, pero es el que dictamina. Entonces toma decisiones sin tener todas las cartas en la mano y se está jugando con la vida de los niños”.

Meses atrás, hubo marchas de organizaciones de mujeres reclamando para que una madre volviera a tener a su hijo, que vivía con sus abuelos maternos: “El gurí estaba en excelentes condiciones, pero el Copnaf estaba decidido a restituírselo a una madre destruida por las drogas. No quiero decir que madres o padres adictos no quieren a sus hijos, pero sí que no pueden sostener sus vidas, ¿cómo harían con un menor? Por suerte el caso se pudo judicializar y se dictaminó que el niño siga con los abuelos”.

Casos como estos se multiplican en Entre Ríos, según esta ONG. “No sólo hemos suplicado por la intervención del Copnaf para casos puntuales, sino que nos comprometimos a acompañar al territorio a las asistencias sociales a fin de que vean en las condiciones que se encuentran padres e hijos pero no nos han dado bolilla, se quedan en sus escritorios y nosotros seguimos en el barro. Ahora, a partir de lo que pasó con Chicha, vamos a hacer expedientes para que cada caso quede registrado”.
El recordado caso Tahiel
En mayo pasado, una noticia conmocionaba a la provincia de Entre Ríos y al país. Se trataba de la muerte de Tahiel M., asesinado a golpes por su madre Macarena Ortíz y su padrastro Alfredo Ferreyra, quien luego se quitó la vida en la cárcel. “Es un caso muy similar al de Chicha: el Copnaf le sacó la tenencia a su tía y a su abuela para dárselo a una madre adicta, al igual que su pareja. Yo hablé con la abuela de Tahiel, que hicieron denuncias, pero el Copnaf nunca las escuchó”, dice la diputada nacional Gabriela Lena.

Sobre este caso ocurrido en Gualeguaychú, el Copnaf señaló que como organismo de protección “no conocía la situación por la que estaba atravesando Tahiel y que no recibió ninguna demanda de intervención por maltrato de integrantes de la familia”. Al respecto, Lena afirma que “es mentira porque hubo denuncias de la familia, pero el Copnaf decidió no intervenir por un tema de vínculo político entre el organismo y el padrastro”. “Es desesperante recorrer la lista de hechos que han sucedido en el Copnaf en los últimos años. No se trata de casos aislados, es estructural. El Copnaf, que es un organismo autárquico, está presidido por una persona que fue puesta en el cargo sin idoneidad, por una cuestión política. Hemos pedido con urgencia la intervención a un organismo nacional como la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de María Graham, sin tener respuesta alguna”.

“Hay lugares neurálgicos como este organismo en el que no podés elegir quiénes lo conducirán por ideologías políticas, sino que tenés que pensar en poner gente que de verdad conozca del tema y no un militante”, concluyó la legisladora.
Silencio oficial
Actualmente, el titular del Copnaf es el camporista Gabriel Leconte, quien trabaja en el organismo desde el año 2004 y lo preside desde 2019.

Ante los “reiterados llamados” de Clarín, Leconte nunca respondió.

“Muy difícilmente responda. Y más ahora, que la situación empeora mes a mes. Desde que él (Leconte) se hizo cargo, el Copnaf se vino a pique. Hay una alarmante desidia en el organismo y una llamativa falta de gestión”, comenta otra fuente consultada por el diario: se trata de una persona de la Justicia que está investigando el funcionamiento de la repartición.
Fuente: Javier Firpo para Clarín

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