El entrecomillado no tiene un autor específico. Se trata de la excusa que con mayor frecuencia, casi como si se tratara de una muletilla, utilizamos los argentinos cuando oímos hablar de sociedades que funcionan mejor. Es una frase con efecto adormecedor: nos sirve para seguir languideciendo, cuesta abajo en la rodada, justificando nuestro atraso institucional.
Pero, si fuera tan así; si, en efecto, fuéramos tan pero tan distintos, difícil explicar que un entrerriano de pura cepa haya podido volverse actor protagónico en un sistema institucional de una transparencia ejemplar, que garantiza a la comunidad el acceso a la información pública de un modo que, por estos pagos, suena a ciencia ficción.
El entrerriano del que hablamos se llama Gastón Brumatti. “Soy primero, antes que nada, gualeguaychuense”, aclara, con indisimulado orgullo, ni bien abierto el diálogo. Abogado, egresado de la UBA, se fue del país tras la crisis del 2001, buscando nuevos horizontes, y se radicó en Quebec, Canadá.
Aunque llevaba un título universitario bajo el brazo, su desembarco en el hemisferio norte no fue nada fácil. Salta a la vista que nadie le regaló nada. “Empecé a ver qué opciones había para trabajar. Me di cuenta que sin un título universitario de Canadá se hace difícil trabajar como profesional, porque es un país muy proteccionista respecto de los títulos de universidades extranjeras. Quebec tiene un sistema de préstamos y becas para cualquier persona que vaya a estudiar en la universidad. Hice uso de ese sistema para poder estudiar y pagar, porque acá las universidades son todas pagas, incluso las del Estado. Hice primero una Licenciatura en Ciencias Políticas y luego una Maestría en Relaciones Internacionales”, recuerda Brumatti, en diálogo con El Entre Ríos.
Lo que había aprendido en la UBA le sirvió gracias a una feliz coincidencia: “Quebec es la única provincia de Canadá que aplica el derecho civil francés, en vez del Common Law, que rige en el resto del país, de habla inglesa. ¿En qué me favoreció? El código civil argentino, que venía de Vélez Sarsfield, desciende directamente del código francés de Napoleón. Entonces, eso me facilitó mucho para interpretar las leyes, aplicarlas. Yo había guardado reflejos jurídicos que había aprendido en la UBA y eso me sirvió”.
"Cada coma cuenta"
Gastón Brumatti también cobró conciencia de que hacía falta cultivar otra faceta para crecer en su desempeño profesional en las invernales tierras de Quebec: “escribir bien, expresarse bien”. El contraste con la Argentina en este punto debería interpelarnos… “Cada coma cuenta –insiste-. Es tan importante eso. Hoy mi vida se desarrolla en francés. Los primeros años trabajé 7 días a la semana estudiando francés para tratar de mejorar mis competencias en ese idioma”.En la actualidad se desempeña como jefe de equipo de acceso a la información y protección de datos personales del Ministerio de Seguridad Pública de Quebec. Más específicamente, trabaja en la oficina de la vice-ministra.
El entusiasmo con el que habla de su trabajo resulta contagioso, capaz de derretir la nieve que se acumula al por mayor en los rigurosos y extensos inviernos canadienses. Un apasionamiento que, sin dudas, impactó positivamente en los alumnos de la Facultad de Derecho de la UCA Paraná, que llevaron a cabo con él un reciente “webinar”.
Un tribunal ambulante para garantizar el acceso a la información pública
“Quebec tiene una ley de acceso a la información pública y protección de datos personales. Existe desde 1982. Yo soy jefe de equipo en acceso a la información, responsable de acceso a la información. Soy el que recibe todos los pedidos dirigidos por los ciudadanos, englobando civiles, periodistas, presos”.“El procedimiento de estilo es así –explica Brumatti-: a partir de que me llega la demanda de acceso a la información, la envío al sector que contaría con los documentos que el ciudadano pide. Porque la ley habla de acceso a documentos; o sea, la información debe estar escrita en algún lado o en algún soporte, por ejemplo de imagen. El principio base de la norma es la accesibilidad. Cualquier ciudadano tiene derecho a cualquier documento producido por el ministerio. Ahora bien, hay una sección que define restricciones, que se pueden invocar para rechazar el pedido, obviamente con fundamentos que deben explicarse”.
“Hago análisis jurídico continuamente, atento a la evolución de la jurisprudencia. Mis decisiones son apelables ante un tribunal de acceso a la información. Es todo gratuito para el ciudadano. Por la pandemia, el tribunal incluso se desplazaba a la ciudad donde residía el ciudadano que había hecho el pedido de información. Ni siquiera tenía que moverse. Era un tribunal ambulante”, apunta Brumatti.
- ¿Qué pasa con los sueldos de los funcionarios? ¿Es información pública?
- Hay dos posibilidades. Si eres empleado profesional del Estado, administrativo, nadie tiene derecho a saber cuál es el sueldo neto que cobras. Lo que se da a conocer son los escalafones salariales de la provincia. Cada empleado podrá ganar más o menos que eso, porque puede ser que trabaje a tiempo parcial, o el doble de horas.
Pero, en cambio, sobre el sueldo de todo el personal jerárquico y de toda persona nombrada por el Consejo de Ministros (en Quebec hay un sistema parlamentario estilo británico y por lo tanto no hay presidente, ni gobernador, sino primer ministro) hay una difusión proactiva en los sitios de internet de cuánto ganan, el sueldo neto. Cualquiera puede acceder al dato de cuál es el sueldo neto de la viceministra, por ejemplo.
- En Entre Ríos tramita una causa judicial por contratos fraudulentos en la legislatura. Tal vez nada de ello habría ocurrido si existiera una absoluta transparencia, de manera tal que los legisladores debieran informar con lujo de detalles a quiénes contratan, para prestar cuáles servicios y a cambio de tal o cuál retribución. ¿Cómo es allá?
- Esa información es pública en Quebec. Cada vez que cambia el gobierno, que se eligen nuevos diputados (todo ministro primero es diputado), nombran su gabinete. Cada ministro tiene un monto máximo a gastar en sueldos, que es público. Por ejemplo, mi ministra, la de seguridad pública, tiene un millón de dólares canadienses para nombrar personal. El dato es público. Y la biblioteca del Parlamento provincial, cada vez que hay cambios de gobierno, publica toda la lista de los nombrados. También hay una rendición de cuentas por la cual todos los contratos que firma cada ministerio son públicos, se divulgan en el sitio de internet de cada ministerio, y es público el listado de los contratos, que explica a quién se contrató, sea persona física o empresa, en qué circunscripción está esa empresa, y cuánta plata se le dio por año. Todo eso es difusión "proactiva".
- En Argentina, el reclamo para que se difunda la lista de vacunados bajo la calificación de "personal estratégico" se judicializó. En Entre Ríos, por caso, hay una acción de amparo, con resolución por ahora contraria al gobierno, que se ha negado a revelar los nombres de los vacunados, justificándose en la protección de los datos personales. ¿Cómo sería allá?
- Acá se han manejado de manera distinta. Es tal el apego de la comunidad a la ley, que los políticos que ocupan funciones públicas no se han priorizado para vacunarse. Se estableció la vacunación por edad. Primero los mayores de 90, después los mayores de 80 y así fueron descendiendo, por décadas. Todos los gobernantes esperaron su turno, igual que cualquier otro ciudadano del país, en la misma condición que los de su misma edad.
El primer ministro provincial, que tiene 62, esperó su turno con la gente de su edad. El ministro de salud lo mismo, el director nacional de salud pública lo mismo. Nadie se vacunó antes, porque tienen terror a que la gente piense que ellos utilizan su función pública para obtener un privilegio.
Importa mucho para el político, para el gobernante, que la gente legitime el sistema, que piensen que hay reglas claras y que no hay ningún beneficiado por izquierda. Evitan, como la peste, que alguien los tilde de haberse aprovechado de su función. Vos sos el jefe de los vacunadores y decís 'mándame las dosis para acá'. Nadie hace eso. Eso que vos contás que pasó allá, acá no ocurrió, porque está primero el apego a la ley y los gobernantes consideraron que ninguno tenía un privilegio tal como para ir por delante del sistema que ellos mismos habían adoptado, de ir vacunando por edad.
Por ejemplo, mi ministra tiene 37 años de edad. Tuvo que esperar a ser convocada juntos a los de su misma edad. Antes no, imposible.
- Ya llegaron a esa edad, por lo que acabas de decir…
- Acá ya están vacunando a los adolescentes. Entraron millones de dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.
- Ese apego a la ley seguramente no se puede imponer por decreto, ni por ley, aunque habrá mecanismos institucionales que lo refuercen. ¿A qué se debe? ¿Es una cuestión cultural? ¿Hay una historia, un camino?
- El apego a las instituciones es típico de toda colonia británica. Siempre priorizaron el apego a la ley y a las instituciones, al parlamento y a lo que acá se llama el gobierno responsable.
La gente se apega a lo que dice la ley, defiende su derecho en base a la Constitución, y la figura tan conocida en Argentina del caudillo, el jefe, el líder, que le va a hablar al pueblo, no existe acá. Es raro, por ejemplo, que el primer ministro de Canadá se dirija a la Nación. Tiene que ser una circunstancia archi importante. Si no, la gente deposita su confianza en instituciones. Piensa que el sistema no está adulterado, por ejemplo, para favorecer gente corrupta. Y cuando sospecha que hay un gobierno con olor de corrupción, en la próxima elección lo echan.
Un ejemplo, el más conocido fue en la década del 90, a nivel federal, el primer ministro que estaba, conservador, que había sido el que firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, al final de su mandato hubo muchos escándalos, acusaciones de corrupción. Su partido, de tener mayoría en el Parlamento, de más de 180 diputados pasó a tener 2. El pueblo lo castigó. El canadiense actúa así. Y generalmente, ningún partido tiene más de dos mandatos seguidos.
Hay una carta de derechos y garantías en la Constitución canadiense. Está muy en el ADN del canadiense que tiene derechos y no lo pueden pasar por encima. De hecho, el acceso a la información, si bien tiene leyes específicas, también está en la Constitución.
- ¿Hay confianza en la Justicia? ¿Es independiente?
- Los gobernantes nombran jueces probos. Es raro que nombren a alguien que sea cuestionable. Como en Estados Unidos, nombran afines a su ideología social, pero no para protegerse si después hay un escándalo de corrupción. Eso no existe acá.
Un ejemplo bien gráfico: Entre 2006 y 2015 gobernó Canadá el Partido Conservador. El primer ministro nombró 8 de los 9 jueces de la Corte Suprema. En Argentina pensaríamos 'ya está, este tiene justicia propia, para que lo proteja'. En realidad, los fue nombrando porque había jueces que se jubilaban. Y esa Corte, en el ciento por ciento de los casos en los que debió intervenir, falló contra el gobierno. 'Sí, vos me nombraste, pero yo tengo que respetar la Constitución y si tu ley no es conforme a la Constitución, lo lamento, te fallo en contra', vendría a ser la explicación de cuán concreta es la independencia de los jueces. Esto es lo que hace lindo a Canadá, que el sistema judicial es totalmente independiente, y que la gente confía en la Justicia.
