A modo de ejemplo, a comienzos de esta semana echaron a correr una versión según la cual la Corte Suprema estaría a punto de expedirse sobre la legalidad del Jury que la apartó de la Fiscalía Anticorrupción. Hasta le atribuyeron a la exfiscal anticorrupción valerse de Guillermo Seita, en el papel de “operador” para influir sobre los vocales de la mismísima Corte.
“No lo conozco. Tuve que googlearlo para saber que existe. Es gracioso porque toda esa nota, -que me la pasaron ayer porque no es un medio al que yo lea-, me dio risa, porque era de cabo a rabo un invento, desde el supuesto avance del expediente, la sugerencia de que una causa judicial se resuelve con un doble voto del presidente cuando todos los tribunales, cuando les falta un integrante, llaman a un subrogante, etc. Y Seita, la verdad es que no sé quién es”, insistió Goyeneche, en diálogo con el periodista Osvaldo Bodean, en una entrevista a fondo durante el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio.
-¿Entonces no es cierto que ya hayan votado tres jueces y que falte un cuarto?
-No, no, eso es un invento. No sé si hay alguien que está asustado con eso. O probablemente estén confundidos con algún otro expediente. El trámite mío está en una etapa inicial.
El diálogo permitió explorar varias aristas relacionadas con la lucha contra la corrupción. Goyeneche adelantó que la Corte Suprema está a punto de expedirse sobre la Causa Contratos, que probablemente regresaría a la Justicia provincial; trazó similitudes con el Caso Chocolate en provincia de Buenos Aires; demandó total acceso a la información pública a modo de antídoto contra la corrupción y no titubeó en identificar signos de falta de transparencia en decisiones del mismísimo Poder Judicial de Entre Ríos, especialmente en su cúpula, el Superior Tribunal de Justicia.
“Tampoco transparentan las contrataciones, sobre todo en el STJ. Hay muchísimos contratados que no han pasado por concursos. El Superior tiene que transparentar la forma en que nombra a los subrogantes y a jueces interinos”, dijo. Y enseguida apeló a un antecedente clave: “Después del Jury de mi enjuiciamiento, fue nombrada como jueza en Concepción del Uruguay quien encabezó la apertura de mi Jury, a la que yo denuncié penalmente por el acto de abuso de autoridad que significó desplazar a todo el Ministerio Público. Ella, la doctora Sonia Rondoni, fue la primera que votó proponiendo eso. Ella fue nombrada después que terminó el Jury, sin haber concursado ni haberse postulado en ningún concurso, como Juez Civil en Concepción del Uruguay. Sería sumamente interesante saber los criterios que tomaron en cuenta para designarla como jueza subrogante en ese cargo”.
En otro tramo de la entrevista, Cecilia Goyeneche ponderó la “valentía” del Fiscal José Arias al controlar la legalidad de los procedimientos del Consejo de la Magistratura en el trámite de los concursos para fiscales anticorrupción, al que calificó como un “mamarracho”: “Lo que estaban haciendo era discrecional, a la manera que se les ocurría, con una urgencia explícita, tratando de que pase lo mismo que ocurrió con los concursos para algunos cargos en el Tribunal de Cuentas, habilitando que el gobierno anterior nombrara antes de irse. Finalmente no pudieron hacerlo con los fiscales anticorrupción porque simplemente una persona –en referencia a Arias- se puso a controlar que cumplan la ley y no la estaban cumpliendo. Estaban haciendo, la verdad, un mamarracho”.
“No sé si hay alguien que está asustado”
-¿Cuánto avanzó su reclamo ante la Corte Suprema contra el Jury que la desplazó de la Fiscalía Anticorrupción?-He planteado varios recursos ante la Corte; el último fue a fines del año pasado. Están todavía en una etapa inicial en el tratamiento por parte de la Corte Suprema. Se empezaron a mover esos expedientes una vez que terminó el descargo de los jueces en el juicio político que le abrieron a ellos. Hasta el momento, pasó sólo por una vocalía. Hay que ver qué trámite le darán. Pienso que falta bastante para que haya una sentencia de la Corte. Lo razonable sería que en algún momento lo pasen a la Procuración General y eso aún no ha ocurrido. Le dan una vuelta por todas las vocalías para decidir el paso a la Procuración, y después, con el dictamen del procurador, vuelve para que la Corte resuelva. Todo eso aún no ha ocurrido.
-¿Entonces, no es cierto que ya hayan votado tres jueces y que falte un cuarto?
-Eso es un invento. No sé si hay alguien que está asustado con eso. O probablemente estén confundidos con algún otro expediente. El trámite mío está en una etapa inicial.
-El sitio Página Judicial asegura que un tal Guillermo Seita estaría prestándote servicios para “operar” ante los jueces de la Corte.
-Quizá sea un defecto mío y debí haber conocido que existe esa persona. No lo conozco. Tengo que googlearlo para saber que existe. Es gracioso porque toda esa nota, que me la pasaron ayer porque no es un medio al que yo lea, me dio risa porque era de cabo a rabo un invento, desde el supuesto avance del expediente, la sugerencia de que una causa judicial se resuelve con un doble voto del presidente cuando todos los tribunales, cuando les falta un integrante, llaman a un subrogante, etc. Y Seita, la verdad es que no sé quién es.
-Es de suponer que si fallaran en tu favor será porque los Jueces sopesaron la validez de tus argumentos y la debilidad de los de la contraparte. Pensarlo desde otro lugar, como consecuencia de operaciones, conlleva desmerecer a toda la Justicia.
-Primero, no necesito de eso porque tengo argumentos muy sólidos y siempre he estado sumamente confiada respecto de lo que va a resolver la Corte Suprema, no porque me crea dueña de la verdad, sino porque uno conoce cómo ha fallado la Corte en decenas de expedientes sobre situaciones más o menos similares, y entonces uno puede predecir lo que va a volver a hacer. La Corte no cambia de jurisprudencia radicalmente de un día para el otro. Por otro lago, no tengo ni los recursos ni el interés de llegar a una persona así. No me muevo de esa manera.
-¿En qué etapa está la Causa Contratos, que, justamente, también está en la Corte Suprema, que debe resolver si es competencia de la justicia federal o de la provincial?
-Esa causa sí ha avanzado más. Tiene más tiempo en la Corte. Tuvo dictamen del Procurador a mediados del año pasado y ahora está al borde de salir la sentencia, al menos por lo que se ve en el expediente virtual que la Corte va mostrando los avances. Ya pasó por las cuatro vocalías y probablemente en febrero o marzo salga la sentencia. Tengo la hipótesis de que a lo mejor confundieron esta causa con la otra y piensan que se trata de la mía. La que tiene un avance muy importante es la Causa Beckman y es probable que tengamos noticias dentro de pocas semanas.
-El argumento para justificar que la justicia federal entienda en la causa, eso de que los dineros de los contratos fueron para la campaña nacional, se contradice con las pruebas que hay donde los imputados aparecen llevando a cabo inversiones, comprando propiedades, etc.
-Era dinero de las arcas del Estado provincial, de la Legislatura, el que sustrajeron, y argumentan las defensas que se gastó para las elecciones nacionales. Ellos dicen eso sin prueba alguna que lo sustente. Pero los imputados hacían inversiones inmobiliarias y en ganado. Nada que ver con campañas electorales. Surgió de las defensas para trabar la causa, que quede detenida, y lo han logrado, porque lleva más de dos años parada. El dictamen del Procurador Casal es muy interesante, porque es enfático en decir que no hay ninguna razón para que la causa tramite en el fuero federal, y que uno puede pensar la Corte va a adoptar como criterio. Probablemente la Corte diga en semanas próximas que la causa tiene que volver a Entre Ríos y seguir el trámite que quedó detenido cuando el Juez Alonso pretendió arrogarse la competencia a pedido de las defensas.
-La causa “Chocolate” en provincia de Buenos Aires es casi una copia de lo ocurrido en Entre Ríos. ¿Te han consultado desde la Justicia bonaerense?
-Conmigo no hubo diálogo. Probablemente con los fiscales haya habido algún contacto.
-¿Cómo ve el accionar de la Justicia bonaerense en comparación con la entrerriana ante casos tan similares?
-Veo a esa causa como un espejo de lo que pasó acá, en todo. Acá, la Fiscalía impulsaba y trataba de investigar, pedía información a la Legislatura y se negó a brindar el listado de los contratados.
-Justamente eso está pasando ahora en Buenos Aires…
-Está pasando exactamente lo mismo. Se niegan a dar el nombre de los contratados, que es exactamente lo que ocurrió acá con las dos Cámaras, que se negaron por escrito, después de un plenario. En Buenos Aires hubo una cámara que dispuso la libertad de Rigau cuando fue detenido y aquí hubo un Superior Tribunal de Justicia que dispuso la libertad de los detenidos en Nochebuena de 2018, en una actuación escandalosa. Veo lo mismo. Sectores de la Justicia que actúan a favor de los intereses políticos de algunos, otros sectores que tratan de avanzar y descubrir la verdad, y la política abroquelada en continuar con ese tipo de prácticas.
-Son tantas las equivalencias entre las causas que es más difícil hallar las diferencias…
-Es tristísimo porque uno ve que el ámbito de mayor expresión democrática, del funcionamiento institucional, que son los legislaturas, donde están aquellos que nos representan de manera más directa, y que tendrían que estar pensando en los intereses de sus representados, es el ámbito que se utiliza para sacar dinero de una manera más fácil, porque son aquellos que resuelven la Ley de Presupuesto y entonces tienen cierta facilidad para darse recursos, aumentar la planta de contratados, para tener una planta sumamente amplia. Otros poderes del Estado no tienen esa planta de contratos de obra. En Entre Ríos, la causa contratos es la segunda sobre robos en la Legislatura. Tenemos un exvicegobernador condenado, que es Alanís, porque robaban de una manera más drástica, porque directamente iban y se cobraban los cheques, que se hacían para ellos mismos. El mismo ámbito. Luego fueron buscando hacerlo de manera más disimulada y encontraron esta forma a través de los contratos de obra falsos. Y aparentemente esto no ocurre sólo en Entre Ríos y es probable que se repita en otros distritos. No lo puedo afirmar pero es lo que se puede suponer.
-Has propuesto avanzar en el fundamento legal de la figura del arrepentido. ¿Por qué?
-La ley del arrepentido es nacional y está vigente. Prevé para quien aporte datos y pruebas que permitan desarticular un hecho delictivo una reducción de penas. Eso está vigente en Entre Ríos porque es ley nacional. Lo que no está vigente son las normas procesales contenidas en esa ley nacional, que no establecen el cómo llevar adelante las declaraciones de esos arrepentidos y algunas reglas procesales mínimas. Esa regulación procesal no es cien por ciento indispensable por lo que ya se puede poner en práctica la ley del arrepentido. Quien aporte datos y pruebas tiene derecho a esa reducción de penas porque hay ley nacional que así lo prevé. Lo que planteo es que es importante que el Estado entrerriano, los dirigentes, tomen una postura clara y proactiva en eso, en marcar que es interés de los gobernantes que todas las leyes que hacen a integridad pública se sancionen. Porque ello ejercería una influencia sobre todos los integrantes de la administración pública, sobre la ciudadanía, que cambia el clima ético de la administración. Y puede haber otras leyes aún mejores, como las que fomenten la colaboración no de arrepentidos sino de testigos. En Estados Unidos tienen leyes donde el testigo que da información y permite recuperar dinero sustraído, se queda con una parte de esos fondos recuperados, un porcentaje como premio.
-¿En ese andamiaje legal en favor de la ética pública, el acceso a la información pública es clave? Por ejemplo, cualquier ciudadano debería poder acceder a los listados de contratados con fondos públicos.
-Nosotros lo tenemos regulado en nuestra Constitución provincial de 2008, que en eso ha sido muy adelantada. Veo provincias vecinas, como Santa Fe, que están muy atrasadas en este aspecto. Tenemos regulado ese derecho en el artículo 13 y que si no se concede se puede pedir por amparo. En 2017 se dictó la ley nacional de acceso a información pública y generó un cambio importante en el control ciudadano a los actos de gobierno. Creo que de todas las reformas que están pendientes, una ley de información pública –sé que introdujeron un proyecto hace unos días y no he tenido aún acceso a él-, es muy importante. Cada funcionario en su sector tiene información que para el ciudadano es opaca, no puede verla, no puede llegar, y estamos acostumbrados a discursos sobre la transparencia pero la verdad es que no se llega a la información. Por ejemplo, todavía no sabemos quiénes están contratados en la Legislatura, lo cual es una vergüenza. Si pudiéramos tener acceso a esa información, podríamos saber si lo que están haciendo es acorde a lo que esperamos, a las promesas de campaña, acorde a la ley.
-¿Todo esto, la exigencia de transparencia, acceso a la información por parte del ciudadano, también es aplicable al Poder Judicial?
-Absolutamente.
-En 2023 el Consejo de la Magistratura convocó al concurso para fiscales anticorrupción y, por ejemplo, algunos sorteos de jurados no fueron públicos y encima fueron designadas personas que no reunían las condiciones legales para ser jurados, según denunció el fiscal José Arias, inscripto para concursar.
-En ese proceso de concurso para la fiscalía anticorrupción, Arias tuvo la valentía de oponerse a las arbitrariedades que iban sucediendo días tras día y semana tras semana, exigiendo que se hiciera acorde a la ley. Lo que estaban haciendo era discrecional, a la manera que se les ocurría, con una urgencia explícita, tratando de que pase lo mismo que ocurrió con los concursos para algunos cargos en el Tribunal de Cuentas, habilitando que el gobierno anterior nombrara antes de irse. Finalmente no pudieron hacerlo en fiscales anticorrupción porque simplemente una persona se puso a controlar que cumplan la ley y no la estaban cumpliendo. Estaban haciendo, la verdad, un mamarracho.
La transparencia en el Poder Judicial tiene que ir mucho más allá. Tampoco transparentan las contrataciones, sobre todo en el Superior Tribunal de Justicia. Hay muchísimos contratados que no han pasado por concursos. El Superior tiene que transparentar la forma en que nombra a los subrogantes. Tuvo problemas en esto, nombrando subrogantes de una manera bastante discrecional e irregular, en causas de relevancia, una de ellas vinculada justamente al Consejo de la Magistratura.
-En los tribunales de Concordia hubo recientemente nombramientos de interinos por parte del STJ sin que se entienda qué criterios guiaron las designaciones, que aporten razonabilidad y sobre todo legalidad a lo resuelto.
-Doy un ejemplo para pensar en los criterios que siguen. Después del Jury de mi enjuiciamiento, fue nombrada como jueza en Concepción del Uruguay quien encabezó la apertura del Jury, a la que yo denuncié penalmente por el acto de abuso de autoridad que significó desplazar a todo el Ministerio Público. Ella, la doctora Sonia Rondoni, fue la primera que votó proponiendo eso. Y ella fue nombrada, después que terminó el Jury, sin haber concursado ni haberse postulado en ningún concurso, como Juez Civil en Concepción del Uruguay. Sería sumamente interesante saber los criterios que tomaron en cuenta para designarla como jueza subrogante en ese cargo. A mí me genera naturalmente suspicacias pensar que puede haber sido una derivación de aquel voto que realizó en el proceso de mi enjuiciamiento. A lo mejor estoy equivocada, pero no puedo dejar de pensarlo.
