Galarza cuenta de manera detallada los años transcurridos desde que se judicializara el conflicto por terrenos ubicados sobre calle Vito Moreno. No sólo eso. También denuncia, sin identificarlas, a “personas poderosas” que estarían intentando impedir la ejecución de la sentencia, logrando una declaración de interés público de los lotes en cuestión en el Concejo Deliberante. Una salida que el letrado considera que “no tiene el más mínimo fundamento”.
Aquí, la opinión de Galarza:
Como es bien sabido, en los últimos tiempos han cobrado estado público una serie de situaciones que involucran a terrenos usurpados.Semanas atrás, la ciudad estuvo convulsionada por usurpaciones, desalojos y movilizaciones en torno a terrenos ocupados por gente que no es la titular registral.
La historia, que no tiene fin, y en la que quiero hacer hincapié para explayarme, es la siguiente:
Un señor, propietario de sus tierras por más de 60 años, muere. Como producto de esto y en base al legal proceso sucesorio, adquieren la titularidad sus hijos y un yerno.
En el año 2012, y como producto de la usurpación de esos terrenos, le encargaron las gestiones correspondientes a un abogado, que por sendos conflictos con terceras personas, desistió de la causa. En el año 2015, tomó conocimiento en las actuaciones un segundo abogado, quien inició un juicio de diligencia preliminar para identificar persona por persona que se encontraban ocupando indebidamente esos terrenos. Como respuesta a ese juicio, fueron más de cuatro los abogados que se presentaron para defender a distintos grupos de ocupantes.
En ese marco, y ya iniciado el juicio de desalojo, el juez civil y comercial de la ciudad de Concordia que entendió en el proceso, dio vista al COPNAF y, además, intervino un juez de Familia que exhortó a las partes a realizar una audiencia antes de que se dicte sentencia. En ese marco, se arribó a tres acuerdos donde un grupo de personas compró en cómodas cuotas los lotes que se encontraban ocupando. Otro grupo solicitó la prórroga. Prórroga que fue otorgada por el juez, hasta que se realizó una nueva audiencia. En la misma se logró arribar a otros acuerdos donde también se estableció un plan de pago, y fue allí también que dos personas decidieron retirarse voluntariamente de los lotes que ocupaban. Luego de esto llegó la pandemia, las actuaciones se vieron frenadas por este motivo. 6 años después de iniciado el juicio, los abogados de los ocupantes aceptaron que no había ya más que hacer y se libró entonces la primera orden de desalojo. El abogado que entendió hasta ese momento en la causa, por temor, no llevó adelante el mismo.
Llegó entonces un tercer abogado que llevó adelante dos desalojos de todos los que estaban establecidos por sentencia firme. Pero, esto se realizó en conjunto con tareas llevadas adelante por el municipio, ya que se les permitió a las personas que iban a ser desalojadas que se lleven todos los elementos de la casa (aberturas, chapas, ventanas, puertas, etc.). Estas personas fueron trasladas a un barrio que el municipio adquirió con fondos públicos y que son destinados a estos fines. Hecho que se repitió también en desalojos llevados adelante en VILLA ADELA, UNA IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD, UN SUPERMERCADO DE RUTA 4, Y VARIOS OTROS. Personas que fueron todas trasladas a terrenos comprados a esos fines.
Esta historia sin fin, como mencioné más arriba, se circunscribe ahora en calle Vito Moreno, con ocupantes que tienen la misma posibilidad de ser trasladados. Se trata de 3 lotes, cuyos ocupantes están prestos a ser mudados a estas tierras “prometidas” por el municipio, ya que la realidad es que viven en pésimas condiciones, están en un bajo, y no cuentan con servicios básicos. Pero, como en toda historia, esto se ve truncado por la influencia de terceros que no viven en el lugar. Se trata de importantes políticos y empresarios que exhortaron a estas personas a no moverse del lugar. Seguido a esto comenzaron una seguidilla de amenazas y extorsiones contra este tercer abogado.
Hoy, son los propios propietarios quienes decidieron tomar el toro por las astas. Debieron designar una nueva camada de abogados, con todo lo que ello implica ya que recordemos que pasaron tres abogados antes por esta causa, quienes cuentan con la posibilidad de llevar adelante el desalojo de estos 3 terrenos el día 20 de diciembre.
De más está decir que esta fecha disparó nuevamente amenazas, que se desplazan entre lo mediático y lo anónimo contra el último abogado y los actuales. Amenazas que tienen un fin desconocido.
Esto es más un descargo. La indiferencia ante estas situaciones no debe ser la excepción, sino la regla. Los perjudicados aquí no son solamente los propietarios del bien que no pueden hacer uso de su propiedad, sino también quienes compraron sus lotes en base a un esfuerzo impresionante, y más aun a quienes aceptaron el imperio de la ley y decidieron irse por su voluntad. Resultan víctimas también las arcas públicas, ya que obstinadamente este grupo de personas poderosas decide organizar todo para logar una declaración de utilidad pública de estos terrenos con el solo propósito de evitar el desalojo. Pedido interesado que expone al municipio ya que lo deja en la necesidad de expropiar y enfrentar un juicio, o de recibir un potencial juicio de daños y perjuicios en casos de que la expropiación no se lleve a cabo.
Esta historia, que hoy suma un capítulo más, está próxima a cumplir 10 años. Y lo único que se sigue generando, por influencia de terceros ajenos al lugar, es que se dañe al municipio, a los vecinos de la ciudad, a quienes desocuparon y a vecinos linderos.
La amenaza de utilidad pública no tiene el más mínimo fundamento. Los fundamentos para restringir el derecho de los propietarios deben ser muy claro. Ya sea porque se quiere llevar adelante la construcción de una plaza, de una distribuidora cloacal o eléctrica, la construcción de un elemento de uso social como puede ser ampliar la calle por el aumento del tránsito, por ejemplo, entre otras cuestiones. Hay un sinfín de cosas que sirven al interés de la comunidad, pero la obstaculización de la justicia cuando hay una sentencia de hace mas de 2 años no es un motivo.
He aquí una historia lamentable y repetida en nuestra ciudad con actores repetidos y propietarios de importantes loteos de la ciudad de Concordia y ampliamente conocidos. Personajes públicos muy conocidos que poseen innumerables cantidad de inmuebles y terrenos para cumplir sus promesas, hacen vagos esfuerzos por perjudicar derechos de terceros bajo el lema de cuidas a los más indefensos.
Esto no hace más que generar inseguridad jurídica y una serie de daños al erario público que en algún momento deberán tener un coto, judicial o administrativo, a través de decisiones maduras que conlleven el debido respeto a la propiedad privada y a la voluntad de los ciudadanos que adquieren su vivienda propia, se rompen el lomo para mejorarla, construyen, pagan sus impuestos. Esto ultimo habla de una ciudad moderna y de la posibilidad de darles derechos y mejor calidad de vida a sus ciudadanos, y no de una ciudad que contraría lo que públicamente prometen quienes nos gobiernan.
Humberto Galarza
Matrícula 48167
DNI 17.571.991.
