Se sabe cuál es nuestra opinión en lo que respecta al control de precios. Es que no se pueden olvidar las malas experiencias que en la materia se remontan a los tiempos del emperador romano Trajanp, y para citar un ejemplo más reciente la del plan de “inflación cero” elaborado y aplicado por el entonces ministro Gelbard, durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, que desembocó en el mal recordado “Rodrigazo”.
Pero, de cualquier manera, se debe reconocer que este tipo de medidas ejercen en los gobernantes, y a la vez en una mayoría de la población, una recurrente fascinación. Olvidando que el resultado de este tipo de experiencias, no es otra cosa que la escasez o incluso su desaparición, y el brote del mercado negro.
Es explicable que, en medio de la actual coyuntura, se vuelva a pensar en una reimplantación de este tipo de políticas, aunque siendo así las cosas más que pensar en su aplicación con el “máximo rigor”, habría que hacerlo recurriendo sobre todo a una prudente y sostenida “política de persuasión”, en la que se combine el autocontrol de los comerciantes, con la celosa vigilancia de los compradores, algo hasta casi innecesario de mención.
Sobre todo, en momentos que ni el gobierno a nivel nacional ni al provincial cuentan con personal ni suficiente ni idóneo para llevar a cabo este tipo de controles, a lo que se suma la decisión de la autoridad nacional, de habilitar a las municipalidades a llevarlos a cabo.
Aunque no quede bien claro, por lo que se escucha, si entre las facultades otorgadas se encuentran la de clausurar los locales.
