Es cuando el ilustre tucumano señaló que “el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del Fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales. Simples tributarios o colonos. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional. Siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar”.
Damos por descontado que nadie considera, en principio, al mismo ni un tema menor y menos un tema inactual. Es que nos encontramos con un gobierno nacional que en medio de una crisis excepcional y lo que es más grave con un final difícil de pronosticar, comienza por plantear las cosas de una manera que, calificadas de la forma más suave posible, debe considerarse como equivocada.
Es que parte de la mención errónea –aunque se la podría calificar con adjetivos más severos- que se podrá superar la actual crisis sin necesidad de efectuar ningún ajuste, cuando lo que acaba de hacer, y lo que piensa seguir haciendo, es buscar que ese ajuste, que se proclama enfáticamente como inexistente, se lo vaya a cargar en un primer momento “el campo” y por lo que se intuye, en un segundo momento, sobre todo a la clase media porteña.
Lo señalado no es, mientras tanto, una especulación fantasiosa. Acabamos de ver como productores rurales han salido a las rutas, tanto por subas a las retenciones a algunas exportaciones de productos agropecuarios categorizados, tanto por insumos elaborados, y anticipándose a lo que se vislumbra que se viene de aquí en más.
No queremos ni siquiera ponernos a pensar la reacción que provocaría el revalúo fiscal de la propiedad urbana porteña, multiplicando por cuatro su valor actual y que llevaría a que, hasta el propietario de un departamento de dos ambientes, se viera obligado a pagar una suma desorbitada atendiendo a sus ingresos, en concepto de impuesto a los bienes personales.
Frente a lo cual se reitera que se puede, en el caso que se tense la cuerda en demasía, se produzca una indeseable –y hasta condenable- “rebelión fiscal”, entendida por tal, según una popular definición del concepto como un movimiento de abajo hacia arriba de desobediencia civil contra una tributación excesiva y confiscatoria, desvinculada con los servicios suministrados por el Estado, que se padece mientras se percibe despilfarro del sector”.
No es el caso de ocuparnos de las escasas situaciones de este tipo que se han dado en nuestro medio, la última y más notoria de las cuales fue la de los productores agropecuarios en el 2015, contra las retenciones aplicadas a las exportaciones granarias y de soja.
Solo haremos referencia, por considerarla de interés, a una producida en el Estado de California en 1978. La que es explicada en un resumen que alude a las violentas manifestaciones de rebeldía fiscal que en ese Estado se produjeron a partir de que los ciudadanos recibieron boletas fiscales con un incremento del 50% respecto del año anterior. Como señalan Brennan & Buchanan (El poder fiscal) altos impuestos y una clase política reluctante a tratar cualquier propuesta de baja del gasto público, provocaron que el pueblo californiano organizara una resistencia por fuera de los partidos políticos con dos objetivos: bajar impuestos y gasto público; y establecer controles constitucionales claros que garanticen dicha reducción en el futuro. Este movimiento derivó en un sindicato de contribuyentes llamado UOT (United Organization of Taxpayers) para dirigir la rebelión fiscal y promover enmiendas constitucionales. Después de ocho meses de “huelga fiscal” sin pagar impuestos, la clase política californiana tiró la toalla y aceptó la enmienda, que luego fue copiada por más de veintiocho estados de la Unión.
Entre nosotros, la situación de crispación social que se vive, hace temer una resistencia fiscal. Porque conviene repetir que las medidas fiscales anunciadas y las que se vislumbran, no significan que no haya “ajuste”, sino que ese ajuste será exclusivamente fiscal – no tocara los gastos del despilfarro, por no aventurarnos a mencionar eventuales rapiñas y negociados de los fondos públicos- y recaerá casi exclusivamente sobre los sectores productivos, aunque se vislumbre además una verdadera agresión contra nuestra clase media. Todo ello dejando de lado los otros despilfarros que efectúa el Estado en otros gastos ni necesarios, ni útiles, y por ende superfluos, y ese “goteo” ininterrumpido que significa la corrupción endémica en la administración estatal.
De allí la pregunta que parece de respuesta de apariencia imposible, pero que la tiene reconociendo que ella es exigente y que debe vencer las resistencias de tantos intereses consolidados: ¿cómo hacemos en medio de la actual situación y ante las perspectivas descriptas para poner las cosas en caja?
Porque la respuesta puede ser positiva. Hay una salida. Solo de nosotros depende el asumir nuestras responsabilidades.
