Un grupo de jubilados y pensionados municipales de Villa Elisa presentó ante el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el directorio de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones un extenso planteo en el que solicita un análisis integral de la situación del sistema previsional y la adopción de medidas que, según sostienen, permitan encontrar una solución de fondo a sus dificultades financieras.   La nota ingresó en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Villa Elisa y fue dirigida a las autoridades municipales con un pedido que atraviesa buena parte de la presentación: que la problemática del organismo no sea abordada solamente desde la emergencia mensual, sino que se estudien alternativas para garantizar su sustentabilidad a futuro.   Los firmantes aclaran desde el comienzo que realizan el planteo “con espíritu constructivo y sin intención de confrontación” y remarcan que tanto activos como pasivos forman parte de un mismo sistema previsional.   En ese sentido, sostienen que las medidas extraordinarias adoptadas hasta el momento permitieron afrontar la emergencia inmediata y sostener el pago de los haberes, pero consideran que “no resuelven de manera definitiva el problema estructural de financiamiento que atraviesa la Caja”.   El esquema de aportes y una retención que los pasivos sitúan en torno al 9%     Uno de los puntos centrales del documento está relacionado con los aportes extraordinarios establecidos para sostener el sistema.   Los jubilados recuerdan que la ordenanza Nº 2269 creó un Fondo Solidario de Sostenimiento y estableció originalmente aportes extraordinarios del 4% para los trabajadores activos, 4% para jubilados y pensionados y 3% para la municipalidad.   Posteriormente, la ordenanza Nº 2286 modificó ese esquema y redujo del 4% al 3% el aporte extraordinario correspondiente a los trabajadores activos, mientras que el de los pasivos permaneció en el 4%.   Los autores de la presentación aclaran que no cuestionan esa reducción para los trabajadores en actividad. “Aliviar la carga extraordinaria sobre los trabajadores puede ser razonable”, expresan. Pero entienden que, a partir de esa modificación, resulta necesario determinar de qué manera se compensará la reducción de ingresos del Fondo Solidario.   El planteo adquiere otro peso cuando se refiere específicamente a jubilados y pensionados. Según explican, además del 4% establecido por la ordenanza Nº 2269, los pasivos soportan otra retención vinculada con la ordenanza Nº 2265, que incorporó una disposición que permite al directorio de la Caja establecer una contribución de hasta el 5% de las jubilaciones y pensiones.   Por ese motivo, sostienen que la retención total sobre los haberes de los jubilados alcanza aproximadamente al 9%, considerando ambos conceptos. “La solidaridad no puede convertirse indefinidamente en la única herramienta para cubrir un déficit estructural”, plantean en el documento.   La devolución del aporte municipal, otro punto bajo análisis     Otro de los interrogantes planteados está relacionado con el aporte extraordinario realizado por la municipalidad.   La presentación recuerda que el aporte municipal previsto por la ordenanza Nº 2269 está sujeto a restitución a la municipalidad de acuerdo con el mecanismo establecido por esa misma norma.   Por eso, los jubilados solicitan que se determine cuál sería la fuente de financiamiento que permitiría a la Caja afrontar esa devolución si actualmente atraviesa una situación deficitaria.   La cuestión, sostienen, debería ser analizada antes de que esa obligación futura pueda generar nuevas dificultades financieras.   Un escenario judicial que involucra a activos y pasivos     El documento también incorpora como elemento de preocupación las acciones judiciales relacionadas con las retenciones extraordinarias.   Según la información consignada por los firmantes, aproximadamente 25 jubilados habrían iniciado acciones judiciales, mientras que recientemente tomaron conocimiento de que alrededor de 100 trabajadores activos, sobre un universo cercano a 200, también habrían iniciado acciones vinculadas con el descuento extraordinario.   Los jubilados aclaran que no pretenden cuestionar el derecho de ningún trabajador o jubilado a recurrir a la Justicia y que entienden que los procesos deben ser respetados.   Pero solicitan que las autoridades municipales y sus asesores anticipen los distintos escenarios financieros que podrían producirse a partir de las decisiones judiciales, especialmente ante una eventual modificación del esquema de retenciones.   Para los firmantes, la existencia de acciones judiciales de ambos sectores también demuestra que el problema no debería ser interpretado como una disputa entre activos y pasivos.   “Los trabajadores activos son los futuros jubilados. Los jubilados fueron anteriormente trabajadores activos y aportantes”, remarcan.       Reclaman investigar qué recursos llegan desde Nación     La presentación incorpora además una serie de planteos vinculados con los recursos que las cajas municipales reciben en el marco de las leyes Nº 23.549 y 23.966.   En este punto, los jubilados no sostienen que esos recursos sean por sí solos la explicación del déficit, sino que solicitan investigar cómo se determina actualmente el monto que corresponde a las cajas municipales.   Según explican, la distribución estaría vinculada con parámetros históricos de beneficiarios tomando como referencia el 31 de mayo de 1991.   El grupo considera necesario determinar si ese parámetro continúa vigente, cuál es su fundamento legal, por qué no se actualiza en función de la cantidad actual de beneficiarios, quién tiene competencia para modificarlo y mediante qué mecanismo podría solicitarse una actualización.   “No afirmamos que esta cuestión sea por sí sola la causa del déficit actual. Solicitamos que sea investigada y cuantificada”, aclaran.   También ponen la lupa sobre un expediente de la Legislatura     Otro de los puntos que solicitan revisar es el recorrido del expediente Nº 24.637 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, relacionado con una iniciativa que tuvo como objetivo incorporar a las cajas municipales en los alcances y beneficios de la ley Nº 10.630.   El pedido apunta a que los asesores legales de la municipalidad y del Concejo Deliberante determinen qué tratamiento recibió ese expediente, si tuvo dictamen, si fue rechazado, archivado o perdió estado parlamentario, cuáles fueron sus fundamentos y qué organismos intervinieron.   Además, plantean analizar si actualmente existe la posibilidad jurídica de impulsar una iniciativa similar o actualizada.   ¿Puede existir asistencia provincial o nacional?     La presentación también solicita determinar si existen mecanismos de asistencia financiera provincial o nacional destinados a las cajas municipales entrerrianas que mantienen sus propios regímenes previsionales y atraviesan situaciones deficitarias.   Los firmantes aclaran expresamente que no sostienen que la Provincia o la Nación tengan automáticamente la obligación de cubrir el déficit de la Caja de Villa Elisa.   Lo que piden es que esa posibilidad sea estudiada jurídicamente y que, si existen herramientas de asistencia, las autoridades municipales realicen las gestiones correspondientes ante los organismos competentes.   El Tribunal de Cuentas también aparece en el planteo     Otro pedido apunta a incorporar al análisis los antecedentes que pudieran surgir de los controles y auditorías realizados por el Tribunal de Cuentas.   Como tanto la Municipalidad de Villa Elisa como la Caja Municipal se encuentran sujetas al control de ese organismo, los jubilados solicitan determinar si existen informes, observaciones o antecedentes vinculados con la situación financiera, los aportes, las contribuciones o el funcionamiento económico de la Caja que puedan ayudar a comprender el escenario actual.   Un pedido de 14 puntos     En el tramo final de la presentación, los jubilados y pensionados enumeran 14 solicitudes concretas.   Entre ellas figuran la realización de un análisis integral por parte de los asesores legales y contables de la municipalidad y del Concejo; la investigación del expediente legislativo mencionado; la determinación de posibles mecanismos de asistencia provincial o nacional; el análisis de los recursos provenientes de las leyes nacionales; el estudio financiero de las ordenanzas 2269 y 2286; la evaluación del impacto de reducir del 4 al 3 por ciento del aporte de los activos; y el análisis de la retención aproximada del 9% sobre los haberes de los pasivos.   También piden contemplar las consecuencias de una eventual restitución a la municipalidad de los aportes extraordinarios, analizar los diferentes escenarios derivados de las acciones judiciales e incorporar los antecedentes del Tribunal de Cuentas.   Finalmente, solicitan que se informe periódicamente a trabajadores activos y jubilados sobre las gestiones que se realicen.   “No queremos activos contra pasivos”     El documento cierra retomando uno de los conceptos que atraviesa toda la presentación: evitar que la discusión sea planteada como una disputa entre quienes están en actividad y quienes ya se jubilaron.   “Esta presentación no pretende enfrentar a activos y pasivos”, expresan.   También aclaran que no buscan atribuir responsabilidades sin que previamente exista un análisis jurídico.   Y resumen su objetivo en una frase: “No queremos activos contra pasivos. No queremos Caja contra municipalidad. Queremos una Caja sustentable, trabajadores activos protegidos y jubilados que puedan cobrar dignamente sus haberes”.   Con ese planteo, el grupo solicita que las autoridades municipales inicien con carácter urgente los estudios y gestiones ante los organismos provinciales y nacionales que correspondan, mientras los asesores legales y contables determinan cuáles son las herramientas jurídicas y financieras disponibles para garantizar la continuidad del sistema previsional municipal.