El gobierno de Entre Ríos dispuso el recupero de $4.678.350,42 en concepto de haberes percibidos indebidamente por una exagente del Hospital San Benjamín de Colón. A esa suma deberán adicionarse los intereses correspondientes, calculados según la Tasa Activa del Banco Nación.   La medida fue establecida mediante el decreto Nº 2270, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la provincia, y alcanza a Mónica Graciela Roa, quien se desempeñaba en el establecimiento sanitario. Según consta en la normativa, Roa ocupaba un cargo Categoría 19 de la Carrera Enfermería, Tramo “A”, Escalafón Sanidad.   En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo Provincial aceptó formalmente la renuncia presentada por la agente, con efecto a partir del 9 de noviembre de 2022, por razones de índole particular.   El Estado reclama los haberes     El punto central de la disposición es la determinación del monto que, según la administración provincial, fue percibido indebidamente.   El artículo 2º del decreto establece: “Apruébase la liquidación practicada por la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud en concepto de haberes percibidos indebidamente por la Sra. Mónica Graciela ROA”.   La liquidación asciende concretamente a $4.678.350,42, aunque el monto final será superior debido a los intereses que deberán calcularse desde el momento en que se adeudan los haberes y hasta su efectivo pago.   El decreto precisa que los intereses serán determinados “según Tasa Activa BNA”.   A partir de esta determinación, el gobierno provincial intimó a la exagente a efectuar la devolución del dinero.       Treinta días para devolver el dinero     De acuerdo con el artículo 3º de la norma, Roa cuenta con un plazo de 30 días corridos, contados desde su notificación, para reintegrar tanto el capital determinado como los intereses.   La intimación fue establecida como “perentoria e improrrogable” y contempla una advertencia concreta en caso de incumplimiento: el inicio de acciones legales.   El decreto señala expresamente que la devolución deberá realizarse “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.   Podría intervenir Fiscalía de Estado     La norma también establece qué ocurrirá si el dinero no es reintegrado dentro del plazo fijado.   En ese caso, deberá darse intervención a Fiscalía de Estado para que avance con las acciones judiciales destinadas a recuperar los fondos públicos.   El artículo 4º dispone que Fiscalía de Estado deberá intervenir “en caso de que no se produzca la devolución de los haberes percibidos indebidamente”, con el objetivo de iniciar las acciones legales contra Roa.   El eventual reclamo judicial comprenderá no solamente los $4.678.350,42 determinados por la administración, sino también los intereses correspondientes, además de “gastos y honorarios pertinentes”, según establece el decreto.   La medida lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Salud, Daniel Blanzaco.