El Defensor del Pueblo de la capital provincial, Lisandro Amavet, formalizó su intervención ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones en el marco del amparo colectivo que cuestiona el nuevo esquema de provisión de insumos para desayunos y meriendas en los establecimientos educativos entrerrianos. La presentación busca aportar consideraciones técnicas, de salud y de derechos humanos frente a la medida implementada por el Consejo General de Educación (CGE).   El titular del organismo se presentó ante el vocal Juan Francisco Malvasio, quien tramita el Legajo Nº 36.759, solicitando “ser tenido por presentado en carácter de Amicus Curiae (Amigo del Tribunal), de conformidad con las pautas constitucionales del proceso colectivo y la reciente convocatoria pública dispuesta por este Juzgado, con el exclusivo fin de ofrecer argumentos técnicos, científicos y de derechos humanos que colaboren a dictar una sentencia definitiva justa e ilustrada, orientada a la protección del interés superior del niño”.   Asimismo, la Defensoría fundamentó su intervención argumentando que “es un órgano unipersonal e independiente, cuya misión constitucional y convencional reside en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses legítimos colectivos de los habitantes de nuestra comunidad frente a hechos u omisiones de la Administración Pública”. En ese sentido, remarcó que “dado que el nuevo sistema centralizado de desayunos y meriendas escolares implementado por el Consejo General de Educación (CGE) impacta de forma directa sobre la población escolar de Paraná, esta Defensoría cuenta con la idoneidad específica para contextualizar la afectación territorial de la medida impugnada”.   En el escrito, la Defensoría del Pueblo manifestó que “resalta y hace propios los informes elaborados tanto por el Colegio de Nutricionistas de Entre Rios (CONUER), como por la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)”. Dichos organismos advierten que la “industrialización uniforme daña la salud. El reemplazo de alimentos frescos y de elaboración local (como panificados frescos de panaderías de Paraná y Entre Ríos, leche fluida y frutas de estación) por alimentos no perecederos ultra procesados (fórmulas industriales de la firma contratada Teknofood S.A.) aumenta exponencialmente la exposición a químicos de conservación, sodio y azúcares añadidos”.   En el mismo sentido, se alertó sobre el impacto de estos productos en la población infantil, señalando que “los profesionales locales advierten que la malnutrición en nuestra provincia se manifiesta principalmente mediante el sobrepeso y la obesidad infantil conviviendo con deficiencias de micronutrientes esenciales. Suministrar viandas masivas con sellos profundiza gravemente esta patología estructural”.   Otro de los aspectos centrales expuestos en la presentación judicial refiere a la vigencia de las propias normativas internas del área de Comedores Escolares dictadas en abril de 2026. Al respecto, el texto señala: “El Estado Provincial a través de la Circular 5º de la Dirección de Comedores Escolares prohíbe la adquisición, por parte de los responsables de los Comedores Escolares, de diferentes productos, entre los que menciona a los ultra procesados, por lo que no está autorizada por parte de la administración provincial la entrega de esos productos en las escuelas, o esa Circular se derogó o se va a incumplir por el mismo Estado”.   Finalmente, Amavet requirió al magistrado que se tengan “por incorporados los argumentos técnicos y convencionales aquí expresados al momento de dictar la sentencia definitiva de fondo”, instando a que se mantenga “la prohibición establecida en el artículo 12 de la ley 27642, obligando al Estado provincial a abstenerse de repartir raciones industriales con octógonos y a sostener de manera simultánea e ininterrumpida la provisión de alimentos frescos, caseros y sin sellos bajo la modalidad descentralizada previa”.
