El gobierno de Entre Ríos oficializó la sanción disciplinaria contra el comisario mayor Ramón Alejandro Albornoz, quien se desempeñó como jefe departamental Uruguay, en el marco del sumario administrativo iniciado tras la denuncia por un millonario faltante de dinero en el Casino de Oficiales y el Círculo Policial de esa dependencia.   La medida fue dispuesta mediante el decreto Nº 1905, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del cual el gobernador Rogelio Frigerio le impuso 55 días de arresto, al considerar acreditadas graves irregularidades en el manejo de fondos pertenecientes a la institución policial.   El expediente administrativo tuvo su origen luego de que, el 9 de junio de 2024, un medio periodístico difundiera la existencia de un presunto faltante de 40 millones de pesos en la División Logística de la Jefatura y de 6 millones de pesos correspondientes al Círculo Policial.   A partir de esa publicación, la Dirección General de Asuntos Internos inició actuaciones preliminares y posteriormente ordenó la instrucción de un sumario administrativo.   Auditoría, arqueos y faltante reconocido     El decreto detalla que una auditoría interna realizada sobre la División Logística permitió relevar documentación contable, balances, conciliaciones bancarias y libros de caja.   Durante la investigación también tomó intervención quien asumió posteriormente la presidencia del Círculo Policial y la Subjefatura Departamental Uruguay, la comisaria inspectora Etelvina Raquel Piccini. Según consta en el expediente, al recibir formalmente la administración del Casino de Oficiales dejó asentado en un acta que existía una faltante de $6.391.411,14.   Esa situación fue comunicada mediante una nota dirigida a su antecesor, Ramón Albornoz, para que regularizara la situación contable.   En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la conducta de Albornoz vulneró “de manera insoslayable las obligaciones y deberes propios a su antigüedad, jerarquía y cargo policial”, al tratarse de la máxima autoridad de la Departamental Uruguay.   Además, afirma que el entonces jefe policial “no guardó la actitud de compromiso profesional que le es exigible”, y concluye que dispuso de parte del dinero proveniente de los descuentos que mensualmente se realizaban a los efectivos policiales asociados al Círculo Policial.   En ese sentido, el decreto señala expresamente que el faltante alcanzó “un monto total de pesos seis millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos once con catorce centavos ($6.391.411,14), causando de dicha manera un grave perjuicio al acervo societario”.   También fue sancionada la subjefa     La investigación administrativa también alcanzó a la comisaria inspectora Etelvina Piccini.   Según el gobierno, si bien tomó posesión formal de la presidencia del Círculo Policial el 8 de mayo de 2024 -momento en que quedó documentada la faltante de dinero-, dejó transcurrir casi un mes antes de intimar a Albornoz para regularizar la situación.   El decreto cuestiona ese accionar al sostener que existió “un injustificado transcurso temporal” y remarca que la funcionaria omitió poner en conocimiento de la superioridad lo suscitado, además de no comunicar los hechos a la Justicia pese a la posible comisión de un delito.   Por esa conducta, Piccini ya había sido sancionada mediante resoluciones internas con 25 días de arresto, medida que quedó firme en enero de este año.   La causa penal continúa     Mientras avanzaba el sumario administrativo, el Ministerio Público Fiscal informó que Ramón Albornoz fue citado a prestar declaración en calidad de imputado por el delito de peculado.   En paralelo, dos pericias contables incorporadas al expediente revelaron numerosas irregularidades en los registros de movimientos de dinero. No obstante, los peritos señalaron que la desorganización administrativa existente durante ambas gestiones impidió emitir un dictamen concluyente sobre la totalidad de los movimientos financieros.   Con la publicación del decreto, el Poder Ejecutivo Provincial formalizó la sanción administrativa de mayor gravedad prevista para el caso, al tratarse de un oficial superior cuya pena debía ser impuesta mediante un acto del gobernador.   La investigación penal, en tanto, continúa su curso en la Justicia.